SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0994/2015 -S1

         Al respecto, la Sala Tercera de este Tribunal Constitucional Plurinacional, abordando una problemática similar a la formulada en el caso de autos, en la SCP 0429/2015-S3 de 4 de mayo, estableció el siguiente entendimiento: "Respecto a la naturaleza, formas y efectos del mandato de los arts. 804 al 813 del Código Civil (CC), señalan que el mandato en un contrato; por                                  el cual, una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos                          por cuenta del mandante, pudiendo ser expreso o tácito y se perfecciona con la aceptación del mandatario; a su vez, establece que existen dos clases de mandato, uno general y otro especial, el primero para todos los negocios del mandante comprendiendo los actos de administración pero si se trata de transigir, enajenar o hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso.

         A su vez el Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014, que reglamenta la Ley del Notariado Plurinacional –Ley 483 de 25 de enero de igual año-, de forma enunciativa, en su art. 74.I, precisó que existen tres clases de poderes: 'a) General: Todos aquellos poderes otorgado para actos de administración y representación legal; b) Especial: Cuando se otorga para la realización de actos específicamente detallados; y, c) Colectivo: Conferido por dos o más personas para un acto de representación común, que obliga solidariamente a cada uno de ellos con el mandatario, en concordancia con el Código Civil'.

         Ahora bien, para determinar si es necesario e indispensable en un proceso un poder general o especial conviene recordar que básicamente se                     tiene que la acción procesal, es el poder jurídico que tiene todo sujeto                     de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición lo que es concordante con el derecho de acceso a la justicia, entendido por la SC 1044/2003-R de 22 de julio: '…como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos y pretensiones, sin dilaciones indebidas'; el cual, a su vez está relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa.

         En ese sentido y respecto a la acción procesal, la valoración de un poder dentro de todo proceso debe regirse por la interpretación más favorable a la acción procesal; es decir, al principio pro actione; al respecto, la Sentencia Constitucional citada en el párrafo anterior, señala que: '…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados'.