SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1032/2015-S2

Amparo Téllez, abogada del PRAHS, señaló: i) La ahora accionante debió presentar su trámite por conducto regular, o sea en atención al usuario acompañando los requisitos previos y posteriormente se iba a realizar la inspección correspondiente y proseguir con la aprobación o rechazo de la línea municipal solicitada; ii) Al no haberse cumplido ese primer paso, menos se podía dictar una resolución porque no había ninguna documentación de la cual en primer lugar se tenía que hacer la revisión técnica y legal de acuerdo a normas y trámites y ante la inexistencia de los mismos se procedió a dar respuesta mediante una simple nota a sus peticiones; por tanto, no se puede considerar como un acto equivalente a una resolución porque no ha sido un acto definitivo; de esta manera, se otorgó una respuesta a la petición de Elvira Balderrama; iii) No se podía rechazar ni aprobar algo que no se había documentado en principio para que se haga todo el trámite pertinente o sea las observaciones, el levantamiento topográfico, las inspecciones técnicas; mismos que se rigen en el procedimiento administrativo, en ese entendido, se establece que no existe lesión alguna al derecho a la petición, como tampoco, al derecho al debido proceso; toda vez que, al no haber ingresado trámite pertinente, objeción o rechazo mediante una resolución, o mediante un trámite pertinente o mediante una acto administrativo definitivo; y, iv) La presente acción si bien es de defensa para impugnar actos que hayan podido vulnerar derechos, no puede ser considerada en forma subsidiaria, no debe ser utilizada como un medio sustitutivo; la ahora accionante, tuvo un debido proceso y pleno conocimiento; ya que, obtuvo respuestas precisas en las notas respectivas, no tuvo indefensión; solamente, que equivocó el camino con su recursos de revocatoria y jerárquico; indicando que, éste último nunca se envió a la instancia superior, el motivo fue que era resolución a la cual se hubiese impugnado, ni actos definitivos al no haberse tomado en cuenta el trámite respectivo que debería haber ingresado a la ODAU para que se dé una resolución de rechazo o aprobación.