SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1064/2015-S2

II.4.    Por memorial de 10 de junio de 2014, los demandantes de tutela, plantearon  recurso jerárquico contra la Resolución ARIT-CBA/RA 0204/2014, precisando como puntos de agravio, los siguientes: a) Expresan como antecedentes que al caer un árbol sobre el techo de su vehículo, causando graves daños materiales que impidieron su funcionamiento; se solicitó, mediante memorial presentado por Francisco Portal Quispe, la ampliación del plazo para que el motorizado permanezca en Bolivia, por noventa días, según lo calculado tentativamente sobre el tiempo que duraría la reparación el vehículo en el taller aludido; no obstante, la Aduana únicamente concedió sesenta días sin razón alguna, creyendo sus personas, bajo el principio de buena fe, que se otorgaron los noventa días impetrados. Así, las reparaciones del vehículo duraron más de los sesenta días concedidos; habiendo conducido el antes mencionado, como persona que se hizo cargo de la reparación del vehículo y trámites en la Aduana, el vehículo rumbo a Tarija el 18 de noviembre de 2013, lugar donde Iván Giovanny Portal Velásquez se encontraba con un trabajo ocasional y temporal de consultoría en SOBOCE, en la comunidad de El Puente; y, en el que se procedió al comiso de la vagoneta, por estar vencido el permiso de circulación, sin considerar su buena fe ya que pensaron que el permiso había sido ampliado por los noventa días precitados que requirieron; b) La Resolución sancionatoria AN-GRT-YACTF 033/2014, no se halla debidamente fundamentada y motivada, habiendo incurrido igualmente en omisión valorativa de la prueba; siendo que, presentaron de su parte, abundante prueba de descargo a objeto de asumir defensa por el ilícito de contrabando que se les atribuía, justificando el retraso en la salida de su vehículo “originado en un motivo de fuerza mayor para no obtener la ampliación del plazo del permiso, situación de fuerza mayor y buena fe” (sic); no habiendo sido la misma valorada de manera correcta y explícita; c) El fallo sancionatorio incurrió en una incorrecta tipificación de la contravención aduanera de contrabando atribuida a sus personas; siendo que nunca tuvieron el interés de comercializar el vehículo comisado, debiendo asegurarse una interpretación garantista respecto a sus derechos fundamentales; cuestión no cumplida en la decisión asumida, en la que se trató de forzar que incurrieron en contrabando, sin demostrar la Administración Aduanera que los hechos efectivamente se adecúan a dicho tipo contravencional. Así, enfatizan que su conducta no se adecúa a lo descrito en el art. 181 inc. g) del CTB; habiendo ingresado el vehículo con la Declaración Jurada de 12 de junio de 2013; es decir, con el permiso de ingreso de vehículo turístico por la Administración Aduanera de Tambo Quemado, sin que en momento alguno hubieran intentado comercializarlo “o tener el mismo en calidad de mercadería” (sic); solicitando incluso la ampliación del plazo por causas de fuerza mayor, sin ser su intención la de burlar el control aduanero en Bolivia; no constando tampoco el elemento subjetivo de la contravención, toda vez que jamás intentaron vender el vehículo, habiendo sido utilizado para turismo dada su permanencia transitoria en el país; y, d) El fallo que resolvió la alzada debió declarar improbada la contravención atribuida a sus personas, dada la existencia de la causal que excluía su responsabilidad administrativa contravencional por haber justificado la fuerza mayor y buena fe administrativa; toda vez que en virtud al principio de verdad material resultaba claro que no cometieron el ilícito aduanero, tomando en cuenta la prueba aportada, “pues la misma justificaba plenamente que la ausencia de ampliación de permiso Turístico es atribuible a un hecho de fuerza mayor, como prescribe el art. 153 num. 1) del Código Tributario” (sic). Conforme a lo expuesto, concluyeron que lo que correspondía era la imposición de una multa y no así la tramitación de un proceso contravencional, lo que únicamente generaba perjuicio a sus personas y a la Administración Aduanera; habiéndose desconocido incluso el precedente administrativo contenido en la Resolución de recurso jerárquico 0428/2010 de 22 de octubre, que alegaron tenía supuestos fácticos similares a su caso (fs. 163 a 174 vta. anexo 1).