SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1262/2015-S2
Fecha: 12-Nov-2015
denegó
La Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 23/2015 de 9 de septiembre, cursante de fs. 304 a 306 vta., por la que, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: 1) Se advierte que el punto central de la misma, es la petición de cancelación del fondo de retiro policial solicitado por el impetrante de tutela; constando al efecto, la Resolución 398, dictada por la Comisión de Prestaciones, que resolvió reconocer la prestación de fondo de retiro por la suma de Bs148 850,88.-, ordenando también proceder con el pago anticipado del 50%, consignándose además que el saldo restante del 50% se pagará cuando el socio pase a jubilación sin lugar a reliquidación; decisión que impugnada, fue confirmada por el Directorio de MUSEPOL, determinando que, la suma de Bs74 477,97.-, fue cancelada como anticipo de pago y el saldo restante se cancelaría cuando el socio pase definitivamente a la jubilación; 2) Continuando con lo expuesto, el Tribunal de garantías, verificó que, formulado el recurso de apelación, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto 206/10, que convalidó la Resolución 01/2009, encontrándose dicha determinación ejecutoriada, no habiendo interpuesto “otro recurso contra la misma”; 3) Al existir cosa juzgada, siendo evidente, según el Tribunal de garantías que no se hizo uso de otros recursos; dicha instancia concluyó que, el accionante consintió “finalmente” los efectos de dicha Resolución, deviniendo los actos posteriores, como ser, la petición de la nulidad de la Resolución 25/2014, y la solicitud en sentido que se practique una nueva liquidación, en argumentos ya considerados e incluso resueltos en la instancia jurisdiccional, no pudiendo ser revisados nuevamente por la jurisdicción constitucional, menos si el impetrante de tutela, no agotó los recursos ordinarios; 4) Respecto a la SCP “1857/2014”, invocada como precedente por el accionante, la misma no es aplicable al caso, al tener hechos fácticos que no son análogos; siendo que, “por Resolución de Directorio se ordenó efectuar una nueva resolución y además por auto de vista de la Sala Social y Administrativa Primera anuló una resolución, lo que en el presente caso tampoco sucede, por otra parte tuvo también en cuenta el derecho a la salud”; y, 5) En cuanto a los otros casos análogos referidos como trato desigual, no se adjuntaron mayores antecedentes sobre el trámite, como ser liquidación o fallos que se hubieran dictado en los mismos; no existiendo mayores elementos para efectuar el cotejo y/o comparación “en el curso que hubieren seguido los mismos”.
- acción de amparo constitucional
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- REVOCAR
- a)
- denegó
- II.1.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- II.16.
- II.17.
- II.18.
- II.19.
- Fragmento 23
- III.1. Consideraciones previas al estudio de fondo de la presente acción tutelar
- Fragmento 25
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario,
- expuestas las pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente para resolver el mismo está obligada de contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas y además de ello,
- III.4. Del principio de irretroactividad de la ley
- La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente
- Se habla de retroactividad legal cuando una ley, reglamento u otra disposición obligatoria y general, dictada por autoridad de Derecho o de hecho, ha de extender su eficacia sobre hechos ya consumados; esto es, anteriores en el tiempo a la fecha de su sanción y promulgación
- 'Retomando la línea de razonamiento jurídico en que se funda el principio de la irretroactividad de la ley, cual es la protección de los derechos adquiridos o constituidos, cabe señalar que este principio se aplica al ámbito de aquellas leyes que establecen o definen derechos, obligaciones o responsabilidades, ello porque si una persona goza de un derecho subjetivo reconocido por la ley no puede ser privado de él por una nueva ley; en cambio la excepción de la retroactividad se aplica, especialmente, en el ámbito de las normas de carácter procesal, es decir, en aquellas que no definan o determinen derechos.
- en materia administrativa y conforme se explicó, el acto administrativo para su validez y eficacia, al tenor del art. 123 de la CPE, rige para lo venidero y no así de manera retroactiva, en el entendido que uno de los principios sobre los que se sustenta la actividad administrativa es el sometimiento pleno a la ley, que implica de parte de la administración pública el adecuar sus actos a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso, que a su vez conlleva la certeza de la aplicación estricta del procedimiento establecido en la ley -principio de seguridad jurídica-. Consecuentemente, los actos de la administración pública se rigen por el principio de irretroactividad, cuya finalidad es proteger derechos adquiridos, en el entendido que el reconocimiento de derechos subjetivos definidos o determinados por una ley anterior no pueden ser modificados o afectados por una posterior;
- III.5. Del derecho a la seguridad social en conexitud con el derecho a la jubilación
- Esta prestación no es gratuita ni menos una dádiva que generosamente da una entidad administradora, se trata de un verdadero derecho adquirido que protege la Constitución Política para que cuando el ser humano llegue a la edad de jubilación exigida por la ley, pueda descansar y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades de su familia.
- El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria
- III.6. Análisis del caso concreto
- 1°