SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1262/2015-S3

En junio de 2011, el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de La Paz, le siguió un proceso disciplinario interno por infringir supuestamente el art. 12.20 y 21 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), por lo que el 7 de enero de 2015, solicitó la prescripción del caso amparado en el art. 53.1 de la misma Ley, que dispone que la facultad de ejercer la acción disciplinaria prescribe a los dos años de cometida la falta grave; sin embargo, en represalia se repuso obrados, y es así que el 6 de febrero de ese año, se lo notificó con la Resolución Administrativa (RA) 103/11 de 13 de octubre de 2011; es decir, después de cuarenta meses de concluido el proceso disciplinario, disponiendo su retiro temporal por diez meses de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, demostrando así las irregularidades cometidas por las autoridades ahora demandadas.

Consecuentemente, el 11 de febrero de 2015, presentó recurso de apelación contra el referido fallo; a lo cual, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana emitió la Resolución 034/2015 de 25 de marzo, confirmando la          RA 103/11; es decir, después de “42” días de conocida la apelación totalmente fuera de plazo, perdiendo competencia e incumpliendo el art. 98 de la LRDPB que determina que deben ser pronunciadas en el plazo de diez días hábiles, concordante con los arts. 12.10; y, 51 de la misma Ley, referente a la obligatoriedad de cumplimiento de plazos. En este sentido, el 9 de abril de igual año, impugnó la Resolución conforme señala el art. 103 de la misma disposición legal; no obstante, no fue respondida agotando así la vía administrativa, por lo que debe tomarse en cuenta que la falta de una respuesta es considerada como silencio administrativo, privándole a la fecha de una fuente laboral, acceso al seguro médico tanto de él como de su familia, así también el impedimento de cotizar su jubilación.