SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2015-S1

Dada la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los derechos tutelados, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0411/2000-R de 28 de abril, ha determinado que: “…no sólo se trata de conservar un derecho fundamental, cual es el derecho a la vida, sino que dicho derecho, es el origen de donde emergen los demás derechos; en este sentido sobra agregar que el derecho a la vida no puede quedar obstaculizado…”.

Estipulado concordante con la SC 687/2000-R de 14 de julio, cuyo contenido señala que: “…el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”, es así que, el       art. 15.I de la CPE, consagra la vida como un derecho fundamental refiriendo que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”. Guardando de esta forma relación con el derecho a la salud que en caso de no ser atendido pone en riesgo el derecho a la vida.

En este mismo sentido la SCP 0257/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la vida, estableció que: "El derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida, a vivir bien o vivir con dignidad. El art. 15.I de la CPE establece que: 'Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte', concordante con los tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad conforme el art. 410.II de la CPE, así la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. I indica que: 'Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.', la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 3 indica que: 'Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.', el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art. 6.1 indica que: 'El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho será protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.', la Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que en su art. 4.1 indica que: 'Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente'.

La importancia del derecho a la vida, deviene de su naturaleza primaria, pues se constituye en una condición del ejercicio de los demás derechos, por ello como todos los derechos subjetivos, debe interpretarse de conformidad con los principios de dignidad y el vivir bien, conforme a la Constitución, independientemente a la identidad cultural (art. 190.II) o creencia política o religiosa. No se reconoce cualquier forma de vida, sino únicamente la vida digna, es decir la dignidad acompaña de manera integral al ser humano en su interacción social, es decir en la salud (art. 35.I CPE), en el trabajo (art. 70.4), en la educación (art. 78.IV), en la vivienda (19.I), etc., lo que incluye por supuesto a las personas privadas de libertad, entre ellas los detenidos preventivamente, cuyas condiciones de detención deben tender a conservar la dignidad humana y sobre todo el derecho a la vida”.

En consecuencia, el derecho a la vida no se restringe únicamente a la simple posibilidad de la existencia humana, sino que por el contrario, implica en sí una existencia en condiciones dignas, hecho que conlleva, en su núcleo duro, el goce de un estado de salud expectable que asegure a ultranza, la materialización de todas y cada una de las libertades que le son reconocidas constitucionalmente; de ahí que, la vinculación entre el derecho a la vida y a la salud se cimienta sobre una estructura indivisible; en este contexto, la prolongación de dolencias físicas, la aparición de malestares o el mantenimiento premeditado de un estado de enfermedad que merece atención profesional y que pongan en riesgo la vida, merece tutela constitucional.

De lo expuesto y habiendo establecido el nexo inextinguible entre el derecho a la vida y a la salud, corresponde referir que, este último se encuentra reconocido, resguardado y protegido por el art. 18.I de la CPE, ya que: “…es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida” (SC 0026/2003-R de 8 de enero).

Ahora bien, este Tribunal de manera sistemática y reiterada ha reconocido la existencia de grupos poblacionales que, por sus características intrínsecas requieren una protección especial del Estado, preferencia que se desprende del derecho a la igualdad establecido por el art. 14.III de la CPE, al determinar que el Estado garantiza a todas las personas el libre y eficaz ejercicio de sus derechos, implícitamente prevé que las personas más vulnerables deben contar con una atención preferente y una protección reforzada por parte del Estado; en tal sentido, como consecuencia del análisis jurídico social progresivo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a lo largo de su existencia, ha reconocido esta condición de sujetos especiales a favor de niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes o en situación total de discapacidad y privados de libertad, determinando entonces que sus derechos son fundamentales por mandato constitucional y que por esa suerte de privilegio, prevalecen sobre los derechos de los demás, debiendo preverse medidas apropiadas para su protección y desarrollo integral, imprimiendo especial cuidado respecto al derecho a la salud por su vinculación con el derecho a la vida.

El anterior razonamiento armoniza con el entendimiento de la Corte Constitucional de Colombia mediante la Sentencia T-760 del 31 de julio, de 2008, por la cual entiende que: “El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera, ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda, ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando, en general, la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”.

En consecuencia, al ser un derecho fundamental, así como un valor y un fin conforme establecen los arts. 8.II y 9.5 de la CPE, el derecho a la salud debe ser resguardado y protegido a través de la acción de libertad en tanto este vinculado con el derecho a la vida y en mayor medida cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional.