SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0272/2015-S1

Conforme establecimos en el Fundamento Jurídico precedente, el Estado boliviano se constituye como unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; base sustancial de su composición que posee una concreción técnica respecto a la prestación de los servicios básicos, siendo que el Constituyente, al acoger esta forma de organización político-social, impuso como deber constitucional del Estado, la suministración de dichas prestaciones en favor de la colectividad.

Ahora bien, reconocida y establecida la naturaleza social y democrática del Estado, surge la conciencia política estatal de considerar a cada ciudadano como un fin en sí mismo, calidad que emerge a partir del reconocimiento de la propia dignidad humana y que se acentúa ante la necesidad de garantizar el ejercicio de todas las libertades constitucionalmente reconocidas que tiendan asegurar la realización personal de cada individuo dentro de un Estado Plurinacional, Comunitario, Social y democrático, que se sustenta sobre el valor-principio-derecho de igualdad, de donde deviene la obligatoriedad del Estado de propender, no sólo a garantizar algunas prestaciones, sino a mejorarlas y adecuarlas a la realidad social, política, cultural y económica del país, en base a las necesidades emergentes de la modernización y complejidad de la humanidad en su conjunto, siempre dentro del marco del respeto de la plurinacionalidad y multiculturalidad que nos distingue.

En efecto, de la simple observación del avance cultural de las naciones, es evidente que los servicios básicos, se constituyen en la herramienta eficaz para el desarrollo ideal de un Estado; avance que debe comprender cambios sociales pacíficos y equitativos que no discriminen o hagan patentes las desigualdades entre los sectores sociales, unos aventajados y otros, mayoritariamente insatisfechos respecto a sus necesidades esenciales. Esta labor de equilibrio del Estado, no solo legitima el cumplimiento de sus obligaciones sociales, sino también, inculca en la población el sentido de pertenencia y dependencia respecto al Estado y a su aparato gubernamental; entonces, la prestación de servicios básicos, debe mantenerse dentro de un marco de políticas sociales, en todos los niveles de gobierno -central, departamental y municipal-, que se desarrollen de acuerdo a la competencias especificas atribuidas a cada nivel.