SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2015-S3

Félix Ernesto Mur y Blanca Carolina Chamon Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe presentado el 16 de septiembre de 2014, cursante a fs. 31 y vta., manifestaron que: 1) La presente acción de defensa no se encuentra dentro de las situaciones descritas en el art. 125 de la CPE; 2) De acuerdo al art. 250 del CPP, una de las características de las medidas cautelares es que son provisionales; por ello cuestionaron el tiempo de presentación de la presente acción tutelar, indicando que conforme el art. 239 del CPP, el accionante no solicitó nuevamente la cesación de su detención; 3) No existió inobservancia de los arts. 235 ter y 279 del CPP, falta de valoración integral, ni inaplicabilidad de los principios de proporcionalidad e instrumentalidad; toda vez que, se tomó en cuenta todas las circunstancias, tanto de probabilidad de autoría como de riesgos procesales y de forma especial los principios que hicieron referencia; y, 4) La determinación que asumieron de revocar la decisión del Juez a quo, no vulneró el derecho a la libertad de la accionante; puesto que, de acuerdo a lo establecido por los arts. 51.1 concordante con el 251 del CPP, las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, tienen la facultad de considerar y resolver las apelaciones incidentales sobre medidas cautelares, de lo contrario el derecho a la impugnación no tendría sentido.

1) El representante del Ministerio Público señaló que, el Auto interlocutorio apelado, carecía de fundamentación; puesto que, no tomó en cuenta el principio de legalidad, ni hizo una correcta interpretación de los arts. 233, 234 y 235 del CPP; toda vez que, determinó la existencia de probabilidad de autoría y posteriormente ingresó en una contradicción respecto a desvirtuar los riesgos procesales;

1) Respecto al art. 234.2 del CPP, evidencian contradicción; toda vez que, la Juez a quo por un lado asumió que existe probabilidad de autoría, tanto por los elementos materiales del delito de estafa previsto en el art. 335 del CPP y por el monto de dinero que supuestamente recibió confirmado por el documento privado suscrito entre la accionante y los representantes de base de la Asociación Juana Azurduy de Padilla; por otro lado, refiere “las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto” (sic), pues según la imputación del Ministerio Público esa facilidad se la tiene demostrada objetivamente, bajo esa lógica consideran que una persona con un monto de $us700 000.- puede permanecer oculta o abandonar el país, por ello declararon con lugar las apelaciones formuladas;