SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2015-S2
Fecha: 22-Jun-2015
deniega
La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 19/2014 de 23 de diciembre, cursante de fs. 36 a 41, por la que deniega la tutela solicitada por la accionante, conforme a los siguientes fundamentos: a) Revisada la acción tutelar se advierte que la accionante, en calidad de víctima, pretende que el Tribunal de garantías efectúe una revisión e interpretación normativa, siendo que denuncia que las conclusiones del Tribunal de apelación, son subjetivas, que existiría carencia de motivación y fundamentación, además de incongruencia por haberse referido en el Auto de Vista cuestionado, a la actividad de inercia del Ministerio Público; “interpretación” que ya fue realizada por el citado Tribunal de apelación, no correspondiendo someter lo deducido a un nuevo juicio, excepto en el caso de evidenciarse la lesión de un derecho fundamental; b) El Tribunal Constitucional, asumió una posición muy clara de auto restricción, a través de su jurisprudencia; imponiéndose en ese sentido, voluntariamente, limitaciones en relación a su accionar respecto a la revisión de decisiones judiciales con aparente calidad de cosa juzgada por la vía de la acción de amparo constitucional; constando dichas restricciones en dos ámbitos: El primero relativo a la potestad de valoración de la prueba y el segundo, en cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria en la sustanciación de los procesos judiciales; c) Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria en la resolución de los procesos judiciales, el Tribunal Constitucional, se impuso también una restricción, determinando que esta labor es privativa de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, lo que implica que la jurisdicción constitucional, no puede a momento de conocer una acción de amparo constitucional, realizar una interpretación de disposiciones legales sustantivas o procesales con las que se resolvió el proceso; pudiendo excepcionalmente verificar si en la misma, se quebrantaron principios fundamentales, así como criterios de interpretación, o la omisión en la aplicación de algún método universal de interpretación, a cuya consecuencia se hubieran vulnerado derechos fundamentales o garantías constitucionales; lo que no ocurrió en el asunto de examen; y, d) Conforme a lo expresado, el Tribunal de garantías, arribó a la conclusión que los Vocales codemandados, emitieron el Auto de Vista 194/2014 debidamente fundamentado y motivado, dentro del marco del razonamiento jurídico al margen de si la interpretación realizada fuera o no la correcta; no constando bajo dicha óptica, lesión alguna al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva, como se denuncia en la acción tutelar.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- deniega
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1. Consideraciones previas al examen de fondo de la acción de amparo constitucional: Ministerio Público no puede ser citado en calidad de tercero interesado en acciones tutelares
- los intereses de la sociedad que defiende el Ministerio Publico, como precisa la propia Constitución son «generales» no particulares o individuales, si bien se materializan en un determinado hecho, en el que existe una víctima en particular, su actuar no se circunscribe sólo a ella, sino a lo que ésta representa en el núcleo social, dado que si sólo se involucraría sus intereses particulares, como los bienes jurídicos tutelados por el régimen de delitos de acción privada, su intervención está vedada, conforme previene el art. 18 del CPP
- No obstante, que por su carácter de titular de la acción penal, adquiere calidad de parte o sujeto procesal debido a la naturaleza adversativa del proceso penal, debido a que sustenta una posición opuesta al imputado, es conveniente diferenciar que si bien es parte, lo es sólo formalmente no materialmente, por carecer de interés particular que es lo sustancial de la víctima o el querellante, que también es parte en la contienda procesal, pero con intereses distintos…
- no para que defienda sus propios intereses, por lo que también desde ese punto de vista no puede considerarse «un tercero interesado», porque «sus intereses» no están al margen del colectivo social. Tampoco operativamente es factible su intervención en esa condición, porque desnaturalizaría el principio de unidad al tornarle en dual su participación, una como defensor de la legalidad y otra como tercero interesado, lo que por supuesto es inadmisible.
- Fragmento 18
- III.2. De los derechos de la víctima en materia penal
- -estando revalorizada su importancia por el principio de igualdad de oportunidad de las partes-; norma de extremo valor y de cumplimiento ineludible por parte de las autoridades encargadas de la persecución y procesamiento penal. Siendo necesario dejar establecido que en el proceso penal no sólo se deben cuidar los derechos del imputado, sino también de la víctima que anteriormente no eran protegidos y eran relegados a un segundo plano,
- Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política'.
- Fragmento 22
- derecho a la igualdad procesal de las partes
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales
- ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes;
- cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma
- 'La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado”
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma
- Fragmento 31
- III.3.2. Derecho a la tutela judicial efectiva
- Fragmento 33
- sin embargo, para la procedencia de aquel beneficio, es necesario cumplir a cabalidad con las condiciones y presupuestos para su procedencia establecidos en el precepto legal aludido
- ha desarrollado ampliamente aquellos elementos que las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva
- corresponde al imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o en su caso, tornen por conveniente que sea sustituida por la aplicación las otras medidas que se encuentran desarrolladas en el art. 240 del CPP.
- la evaluación de esos parámetros objetivos, ya sea para determinar el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización, debe ser realizada en forma integral, lo que supone que: '…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa'
- …la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente
- III.5. Análisis del caso en concreto
- 2°