SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0871/2015-S3

         En cuanto se refiere a los deberes que deben cumplir los jueces y/o tribunales de alzada, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1231/2013-L de 10 de octubre, señaló lo siguiente: “El cumplimiento de deberes, que exige nuestro ordenamiento jurídico, en particular a los jueces y tribunales de apelación y/o casación, radica en la noción de someter a un segundo control, la decisión de primera instancia, por cuanto el juez a quo podría incurrir en error ya sea en la aplicación del derecho, la valoración de la prueba o en cualquier otro aspecto relacionado con su específica función, a tiempo de conocer y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, siendo así que en aras de un debido proceso, nuestra económica jurídica ha constitucionalizado el principio de impugnación, en cuyo merito todo acto o resolución judicial puede ser recurrido, así lo señala el art. 180.II de la CPE: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’ (las negrillas son nuestras).

Acorde a esa visión, la jurisdicción civil, en el art. 3 del CPC, señala cuales son los deberes que toda autoridad jurisdiccional, debe cumplir en el ámbito de sus especificas funciones; empero, con relación a los Jueces y Tribunales de alzada, la Ley de Organización Judicial abrogada, en su normativa pertinente, agregaba una obligación y atribución de fiscalización, señalando lo siguiente:

‘ARTICULO 15º.- REVISION DE OFICIO. Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes’.

Disposición que si bien esta abrogada, se encuentra replicada en la nueva Ley del Órgano Judicial, con un entendimiento más amplio y con diferentes connotaciones jurídicas; sin embargo, también tiene por finalidad, regular los deberes que deben observar las autoridades jurisdiccionales de alzada, estableciendo lo siguiente:

El marco normativo precitado, regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia y los de casación respecto de los de apelación, marcando el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional, examinando si el a quo, observó el cumplimiento de los plazos procesales o si aplicó la norma correcta al caso concreto, estando en la obligación de reconducir, corregir y/o enmendar las irregularidades si es que las hubiese, estableciendo las responsabilidades si el caso amerita, ante la inobservancia de los imperativos que regulan la función judicial.

En ese contexto, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, determinó que: ‘si bien el art. 15 LOJ, faculta a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que adviertan vicios, dicha disposición debe ser interpretada en concordancia con otras, pues en materia civil el art. 251 CPC, dispone expresamente que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley…’.

Ahora bien, la nulidad, conforme a lo establecido en la SC 1644/2004 de 11 de octubre, ‘…consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso…’.

De lo relacionado y tomando en cuenta que, en nuestro sistema procesal civil rige el principio de especificidad, el cumplimiento de los deberes y obligaciones a las que se encuentran compelidas las autoridades de alzada, son relevantes para una correcta administración de justicia; toda vez que, una correcta decisión que se adopte en segunda instancia, representa el acceso al derecho a un debido proceso; en consecuencia, dicha labor no puede apartarse del marco normativo previsto por el legislador, ni estar sujeta al libre entendimiento de la autoridad de alzada, bajo ninguna circunstancia.