SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1309/2016-S1

El 21 de enero de 2016, Juan Carlos López Nava, presentó denuncia en su contra, ante el responsable de recepción de denuncias del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por la presunta falsificación de timbres; ante tal circunstancia el ejecutivo edil del citado Gobierno Autónomo Municipal, emitió memorándum 185 de 29 de febrero del referido año, instruyendo a Patrick Edson Pinto Martínez en su calidad de Autoridad Sumariante, inicié proceso administrativo en su contra, es así que dicho funcionario por Auto de 3 de marzo del año antes mencionado, dispuso su procesamiento interno por la presunta vulneración de los arts. 8 incs. a), b) y g); y 9 inc. e) del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 82 incs. a), b) y e), 83 incs. c) y p) concordante con el art. 103 inc. h) del Reglamento Interno de Personal de la citada entidad municipal, procediéndose a la apertura de plazo probatorio, así como a su citación.

Desarrollada la etapa probatoria del proceso administrativo interno, presentó prueba documental que desvirtuaba las acusaciones que pesaba en su contra; sin embargo, las autoridades demandadas a su turno no las valoraron de manera adecuada, resultando como consecuencia la destitución de su puesto laboral de Encargado de la Caja de Valores de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

La Autoridad Sumariante –codemandada– a través de Resolución Sumarial 018/2016 de 5 de abril, determinó su responsabilidad por la presunta vulneración de los arts. 8 incs. a), b) y g); y 9 inc. e) del EFP; 82 incs. a), b) y e), 83 incs. c) y p) concordante con el art. 103 inc. h) del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con el argumento de que comercializaba timbres de manera ilegal, por cuanto no estarían autorizados ni serían de propiedad del señalado Gobierno Autónomo Municipal, dañando la imagen institucional de la misma; apelada dicha determinación a través del recurso de revocatoria el 21 del mes y año antes mencionados, fue confirmada por Resolución de 3 de mayo de igual año; a cuyo efecto el 11 de ese mismo mes y año, interpuso recurso jerárquico contra la última decisión, siendo confirmada la misma por Resolución Ejecutiva 181/2016 de 23 de junio, sin que se hubiese considerado ni valorado las pruebas que presentó durante todo el desarrollo del proceso administrativo interno.