SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2016-S2

           A objeto de resolver la problemática motivo de la presente acción tutelar, resulta necesario referirnos a los alcances del debido proceso, para ello es indispensable remitirnos al desarrollo jurisprudencial efectuado por el Tribunal Constitucional sobre el tema, así la SC 1480/2011-R de 10 de octubre, señaló lo siguiente: “La importancia del debido proceso, a decir de la SC 0281/2010-R de 7 de junio `…está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’”.

           Sobre el particular, los arts. 115.II y 117.I de la CPE, señalan que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, este derecho está igualmente reconocido en el orden internacional de Derechos Humanos (DD.HH.), en los arts. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica y 14.2 del PIDCP.

           Al respecto la SC 0295/2010-R de 7 de junio, profirió: “…que el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por ley, garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones”