SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAl 0377/2016-S2
Fecha: 25-Abr-2016
III.
El accionante en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SARCO” Ltda., denuncia la vulneración de los derechos a la propiedad, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia y objetividad, y a una resolución razonada; debido a que los Magistrados integrantes de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -autoridades demandadas-, emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional S1 40/2015, mediante la cual sin fundamento ni valoración de las pruebas presentadas por su parte, declararon improbada la demanda que presentaron sobre la nulidad absoluta de Título Ejecutorial PDD-NAL 050457, a pesar de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SARCO” Ltda., probó que es la legítima y legal propietaria del predio predio ubicado en Chulla, en el cantón Vinto de la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, inscrito en DD.RR., y por lo tanto oponible a terceros, conforme lo dispone el art. 1538.I y II del CC, y que los supuestos poseedores de manera maliciosa y fraudulenta iniciaron el trámite de saneamiento simple sin tener derecho ni posesión legítima.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su naturaleza jurídica
- Por su parte, precisando lo anterior, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar: ‘…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir’”
- iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
- III.3. Sobre la valoración de la prueba
- qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas
- Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final;
- no puede ni debe determinar derechos por lo que no puede ingresar a valorar la prueba presentada dentro del proceso, correspondiendo dicha labor a las autoridades jurisdiccionales que han conocido el proceso’.
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo