SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0405/2016-S2

La acción de amparo constitucional establecida en el art. 128 de la CPE, se instituye en el nuevo orden constitucional en instituto jurídico de carácter tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Ley Fundamental del Estado y las normas que integran el bloque de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), contra acciones u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringirlos o suprimirlos. El precepto constitucional de referencia, fue desarrollada por el art. 51 del CPCo, por la que el Legislador precisó que el objeto de esta acción constitucional es fundamentalmente garantizar la vigencia o el ejercicio de los derechos de toda persona natural o jurídica, consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley.

           El entonces Tribunal Constitucional, en los entendimientos desarrollados en la SC 0896/2010-R de 10 de agosto, respecto a la naturaleza jurídica de la presente acción de defensa, señaló lo siguiente: “La acción de amparo constitucional, constituye una garantía jurisdiccional extraordinaria, que hace posible la materialización de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados de restricción y supresión por parte de particulares o funcionarios públicos…".