SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2016-S2
Fecha: 13-May-2016
De ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales (los cobra o consiente en su pago) no es procedente la acción de amparo constitucional
Continuando con la revisión de las literales contenidas en el cuaderno procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional constata que los trabajadores Saturnino Calle Ticona, conforme se tiene del formulario de finiquito cursante a fs. 262 vta., Eusebio Monasterios Poma, según consta en el formulario de finiquito cursante a fs. 322 y vta., Pedro Rodrigo Cussi Chino, tal como se evidencia del formulario de finiquito cursante de fs. 324 y vta., Roberto Guarachi Bravo, según se tiene del formulario de finiquito cursante a fs. 325 y vta., Nelson Vicente Mallcu Gerónimo, según se tiene del formulario de finiquito cursante a fs. 451 y vta. y Javier Ergueta Coaquira, conforme se tiene del formulario de finiquito y copia simple del cheque cursante de fs. 727 a 728 vta., cobraron sus beneficios sociales; por consiguiente, en aplicación de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los actos ahora denunciados fueron consentidos por los prenombrados trabajadores; es decir, en virtud a lo dispuesto por el art. 10 DS 28699, producida la ruptura del vínculo laboral, el trabajador está frente a dos posibilidades, el primero, solicitar su reincorporación a su fuente laboral y, el segundo, pedir la cancelación de sus beneficios sociales; en efecto, la solicitud de cancelación de los beneficios sociales, en esencia se concibe como aceptación y consentimiento de la desvinculación laboral, aspecto que torna inviable la tutela constitucional. En este sentido, con relación a los trabajadores precedentemente identificados, no corresponde conceder la tutela impetrada, por existir consentimiento expreso de los actos que ahora se consideran ilegales. Así ha entendido la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1096/2012 de 5 de septiembre, al señalar que: “…si la trabajadora o el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral; en cuyo supuesto, para ser coherente con su exigencia no puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación. De ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales (los cobra o consiente en su pago) no es procedente la acción de amparo constitucional, quedándole la vía administrativa conciliadora (art. 105 de la LGT) y en caso de controversia la vía ordinaria judicial laboral, porque ante una eventual controversia que se suscite entre el trabajador y el empleador respecto al pago de los beneficios sociales (monto u otro tipo de conflicto), esta problemática no puede ser resuelta por la justicia constitucional, debido al amplio debate y valoración de prueba que requiere, siendo la vía idónea la jurisdicción laboral” (las negrillas fueron agregadas).
Finalmente, en antecedentes cursa la RM 008/15 de 7 de enero de 2015, por la que el Ministro de Trabajado, Empleo y Previsión Social, como resultado del recurso jerárquico interpuesto por los ahora accionantes, dispuso revocar la RA 256-14 de 24 de julio de 2014 y, confirmó la conminatoria de reincorporación J.D.T.L.P./D.S. No. 0495/FTBM/No. 022/2014 de 10 de junio, ordenando la reincorporación de Ramiro Roberto Salinas López; asimismo, revocó la RA 257-14 de 24 de julio de 2014 y los Autos JDDTLP-FTBM-No. 26/14, JDDTLP-FTBM-No.28/14, LDDTLP-FTBM-No. 29/14, JDDTLP-FTBM-No. 30/14 y JDDTLP-FTBM-No. 31/14, todos de 10 de junio de 2014, disponiendo la reincorporación de Willy Flores Vargas, Franz Lucio Luque Kara, Nelson Vicente Mallcu Gerónimo, Pedro Rodrigo Cussi Chino, Eusebio Monasterios Poma, Javier Ergueta Coaquira, Félix Raúl Choque Choque y Saturnino Calle Ticona.
Pues bien, según los datos del proceso, los trabajadores Nelson Vicente Mallcu Gerónimo, Pedro Rodrigo Cussi Chino, Eusebio Monasterios Poma, Javier Ergueta Coaquira y Saturnino Calle Ticona, conforme se tiene precisado anteriormente, cobraron sus beneficios sociales, razón por la que, pese a existir orden de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, no corresponde conceder la tutela, por concurrir actos consentidos, debiendo aplicarse la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 1096/2012.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional
- emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas
- III.2. Jurisprudencia constitucional respecto a los actos consentidos
- b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad;
- el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento,
- la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo”
- III.3. La acción de amparo constitucional no es el mecanismo para pedir el cumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas: Jurisprudencia constitucional reiterada
- no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir,
- la acción de amparo constitucional, tiene finalidad protectora de derechos y garantías fundamentales; sin embargo, la misma no puede ni debe ser desnaturalizada en su esencia de ser una acción de defensa de derechos fundamentales, extraordinaria y de rango constitucional, motivo por el cual en casos en que a través de esta acción tutelar, se pedía el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas, como si fuese un medio coercitivo o compulsivo destinado a ese fin; éste Tribunal a través de la SC 1526/2010-R de 11 de octubre, señaló que: ‘…el amparo constitucional como acción de defensa de derechos fundamentales es una garantía constitucional, y no un mecanismo coactivo de cumplimiento de resoluciones o decisiones de autoridades públicas…’”
- esta acción tutelar no es la vía para hacer cumplir las sentencias o fallos judiciales ni las resoluciones administrativas firmes; al tener potestad para ello las propias autoridades judiciales o administrativas que emitieron el fallo o resolución; es decir, son las propias autoridades u órganos que emiten la sentencia o resolución administrativa las que tienen competencia para hacer cumplir coactivamente esas decisiones”
- se colige que, una vez que el agraviado tenga una resolución, ya sea administrativa o judicial, favorable a sus intereses y esa decisión no sea obedecida por la persona o autoridad requerida, es el órgano judicial o administrativo, que se pronunció sobre la pretensión del requirente, el obligado a hacerla ejecutar dentro de los alcances de sus competencias y para ello es necesario que el agraviado recurra nuevamente a ella para que utilice los mecanismos persuasivos o coercitivos para el cumplimiento de la decisiones;
- III.4. Análisis del caso concreto
- ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el trabajador, podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a fin de perseguir se restituya su derecho al trabajo supuestamente vulnerado. Empero, cabe referir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la ‘verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley
- De ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales (los cobra o consiente en su pago) no es procedente la acción de amparo constitucional
- la acción de amparo constitucional es la vía idónea y oportuna para hacer cumplir conminatorias de reincorporación, en la eventualidad de que el empleador se rehúse a acatar la misma
- REVOCAR en parte