SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2016-S2

El Ministerio Público en 2009, le inició una acción penal a denuncia de los representantes de la Agencia Despachante de Aduanas S.A. (DAPIBOL), por la supuesta comisión de los delitos de hurto, falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa, en la que luego de presentada la acusación fiscal, en audiencia conclusiva de 17 de diciembre de 2012, interpuso varios incidentes y excepciones entre estos de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y de prescripción de la acción penal, los mismos que mediante las Resoluciones 718/2012, 719/2012, 720/2012 y 721/2012, todos de 17 de diciembre, fueron declarados improcedentes por la autoridad a cargo del control jurisdiccional, sin que el contenido de los fallos emitidos guarde relación con la realidad por ser éstos incongruentes, omisivos y carentes de fundamentación y motivación.

Por lo que contra los precitados Fallos interpuso recurso de apelación incidental considerando principalmente que las Resoluciones 718/2012 y 719/2012, que resolvieron las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y de prescripción de la acción penal, no cumplían con el debido proceso en su vertiente a la fundamentación al estar viciadas de incongruencia omisiva; sin embargo, mediante Auto de Vista 381/2014 de 17 de diciembre, los Vocales ahora demandados indebidamente declararon improcedente su recurso, sin absolver todos los puntos cuestionados, aspecto que demuestra la incongruencia omisiva incurrida por las citadas autoridades demandadas, por cuanto claramente se advierte que los Vocales demandados al pronunciar el referido Auto de Vista no se pronunciaron sobre su pedido de que el Juez a quo en el Fallo apelado no hizo referencia a todos los delitos por los cuales fue acusada por el Ministerio Público y la parte querellante, tampoco establecieron si la jurisprudencia constitucional utilizada por el inferior era o no vinculante al caso concreto, y por último no se pronunciaron sobre la ausencia de especificación de las fechas en las que se habrían cometido los supuestos delitos, limitándose a expresar que el Tribunal no es competente para resolver ese aspecto, sin explicar por qué o cuál el motivo, o si la ausencia de definición si quiera provisional de esos hitos cronológicos le afectaban el derecho a pedir la prescripción o son inocuos a ese derecho demostrando dichos aspectos la incongruencia omisiva, sancionada como causal de nulidad de las resoluciones al vulnerar el derecho al debido proceso inserto en los arts. 118.II de la Constitución Política del Estado (CPE).