SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2016-S1

Respondiendo a la solicitud de aclaración formulada por el Tribunal de garantías, señaló que: a) El trabajo prestado, fue de manera privada y particular, en virtud a la autorización de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, para la contratación de profesores por la falta de ítems, por lo que el sueldo es pagado con los aportes de los estudiantes; y, b) El grado académico, no puede ser causal de despido, pero mucho menos dar lugar a la pérdida de los beneficios sociales.

           El debido proceso, tiene una triple dimensión: a) Como principio de la función jurisdiccional, que rige todos los actos de los operadores de justicia (en los ámbitos judicial, administrativo y disciplinario) para la  resolución de las causas sometidas a su conocimiento y decisión;             b) Derecho subjetivo, que le asiste a cada individuo, de exigir la recta administración de justicia, exigir un proceso en el cual no haya negación o quebrantamiento de lo que cada uno tiene jurídicamente reconocido o asignado; y, c) Garantía jurisdiccional, destinada a suministrar a los individuos el amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.

           Conforme se tiene señalado precedentemente, el debido proceso, está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos y/o arbitrariedades de las autoridades, como resultado de sus actuaciones u omisiones procesales, en la aplicación de las normas sustantivas, y en las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o  administrativas. En este último caso, cobra especial importancia, el derecho a una resolución coherente y debidamente fundamentada y motivada.