SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0369/2017-S3

La Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 4/17 de 20 de febrero de 2017, cursante de fs. 26 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de alzada cumplió con su deber de considerar y resolver el agravio sufrido, revocando la Resolución del Tribunal a quo respecto a lo observado acerca del patrimonio del garante cuestionado, determinando en consecuencia su admisión, por otro lado incluyó la asignación de un escolta policial para el imputado a fin de garantizar su presencia durante todo el proceso; b) Las medidas cautelares de cualquier naturaleza y materia se caracterizan por ser provisionales y temporales, pudiendo levantarse en cualquier momento mientras duren las circunstancias que las determinaron, de manera que la actuación de los Vocales ahora demandados está plenamente ajustada a las normas del Código de Procedimiento Penal (art. 250), autoridades que para garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso, dispusieron la asignación de un escolta, siendo dicha determinación parte complementaria de la detención domiciliaria, y no otra medida como lo sostiene el accionante manifestando que las autoridades demandadas hubiesen actuado y decidido extralimitándose en forma ilegal; sin embargo, al contrario de lo señalado se tiene que dicha petición fue efectuada de forma insistente por el Fiscal de Materia quien solicitó la misma velando para que el proceso se desarrollara con normalidad y no se vea perjudicado con una posible fuga del imputado; y, c) En el presente caso, haciendo un balance entre los derechos de los sujetos procesales se tiene que el Tribunal de alzada no vulneró los derechos del hoy accionante, puesto que el mismo revocó el Auto apelado aceptando al garante observado por el Tribunal a quo; empero, por otro lado, velando también por los intereses del Estado y aplicando el principio de ponderación o balance de derechos dispuso la asignación de un escolta policial para garantizar la presencia del imputado -ahora accionante-  durante la tramitación del proceso, fundándose dicha determinación en el temor existente que al ser de nacionalidad peruana pueda esconderse o huir, no obstante haber cumplido con los requisitos de domicilio, trabajo y familia, que resultan ser solamente un asunto formal, circunstancias que justifican su decisión no habiéndose vulnerado derecho alguno del accionante.