SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0369/2017-S3

           La SCP 0528/2016-S3 de 9 de mayo, respecto a la congruencia como elemento exigible de las resoluciones administrativas y judiciales al constituirse componente del debido proceso, sostuvo que: “…deriva de la necesaria conformidad que debe existir entre la pretensión que constituye el objeto del proceso y su resolución; por cuanto, a efecto de su determinación no es suficiente verificar únicamente los razonamientos ni la argumentación esgrimida en la decisión. En relación a la congruencia, el Derecho Romano expresaba lo siguiente: ‘sententia debet esse conformis, libello; ne eat judex, ultra, extra aut citra petita partium; tantum legatum quantum judicatum; judex judicare debet secundum allegata et probatia parlium’ (la sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita, para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado; el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes), por cuanto se puede sostener que la congruencia es la debida correspondencia entre las partes que componen un todo, de manera que exista conformidad entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso, las pretensiones sostenidas por el actor y la resolución, pero también con la oposición, la prueba y los recursos, constituyendo única limitación los hechos de la causa respecto al derecho aplicable al caso, en razón a la aplicación del principio iura novit curia, porque el juez conoce y aplica el derecho.

En la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, la autoridad judicial o administrativa, no solo debe exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, sino también debe absolver todas las pretensiones expuestas por el administrado o las partes, porque en sentido contrario y en caso de omitir la explicación de las razones que condujeron a una determinada resolución, se suprime una parte estructural de su decisión. Así, el deber de motivación y fundamentación adquiere validez cuando se complementa con el principio de pertinencia, por cuanto no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados o pedidos, siendo exigible una necesaria correspondencia entre los aspectos que sí fueron solicitados, las consideraciones esgrimidas por la autoridad administrativa o judicial y la decisión asumida, siendo estos los motivos que generan obligación de emisión de fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

Ahora bien, llevado este principio al ámbito de la competencia del Tribunal de alzada cuando el mismo conoce recursos de apelación, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, estableció que su tratamiento (del recurso de apelación) en alzada converge únicamente a los agravios expuestos en el recurso, delimitándose así los puntos sobre los cuales el Tribunal superior debe ceñirse, evidenciando la congruencia que debe existir en la resolución del Tribunal de alzada y los puntos expuestos como agravios por la parte apelante, en ese sentido dicha Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que: “…cabe referirse a lo previsto en el art. 398 del CPP, sobre los límites establecidos a los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes en el marco de la aplicación de medidas cautelares.