SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2017-S3

El 11 de agosto de 2008, ingresó a trabajar a TELECEL S.A. por convocatoria pública y examen de competencia, para el cargo de Ingeniera de Soporte Wimax, brindando soporte y mantenimiento de los servicios de la red Wimax como trabajos de implementación, instalación y configuración de nuevos sitios para la red en toda Bolivia, siendo asignada a diferentes lugares de trabajo, hasta que en el último puesto recibió por parte de su inmediato superior responsable de “VAP&IT” (sic), acoso laboral, hostigamiento y discriminación en su contra, procurándole agresión psicológica, daño a su dignidad, pretendiendo disminuir su rendimiento, así como haberle realizado llamadas de atención sin motivo, comentarios hostiles en su contra, solicitud de reportes cuando se encontraba de vacación, con el objeto de retirarla de su puesto de trabajo, buscando una renuncia voluntaria.

En ese intento infructuoso de parte del antes citado, el 29 de abril de 2016 recibió una llamada de este, indicándole que debía presentarse en las oficinas de Tigo de la Doble Vía La Guardia para una reunión referida al avance de sus proyectos, donde Carlos Barrera, Gerente Técnico Interno y Sandra Cabrera, Responsable de Compensación y Beneficios de Recursos Humanos (RR.HH.) de TELECEL S.A., le comunicaron que “Tigo (TELECEL S.A.)” decidió prescindir de sus servicios debiendo proceder a firmar su carta de renuncia, habiendo su persona solicitado que se le explique cuáles son las razones de tal decisión, mas solo le indicaron que ya se encontraba tomada la decisión y que no se podía hacer nada al respecto, y que debía proceder a la entrega de su credencial y del chip; posteriormente, se le entregó el Memorando de despido que no justifica su desvinculación laboral basado en los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), y a una supuesta evaluación de desempeño “…que no son causales insertos en el Art. 16 de la Ley General del Trabajo ni en el Art. 9 de su Decreto Reglamentario” (sic).

Ante el reclamo por la calificación obtenida en la supuesta evaluación de desempeño y la negativa de firmar la misma por haber observado incoherencias entre los niveles de calificación versus los objetivos alcanzados, esta fue modificada, pero tampoco sirvió para evitar dicho despido, pues bajo el argumento de que era simplemente “un formalismo”, resultó ser en realidad, una maniobra para conseguir elementos necesarios para desvincularla. Por otra parte, también se le señaló que tal desvinculación se debía a unos cambios operativos y estructurales en la empresa, por lo que su cargo había desaparecido; sin embargo, a pocos días de haberla apartado de la empresa, se lanzó una convocatoria para ese puesto.

Ante el ilegal despido que no contaba con una causa justificada y regulada por la Ley General del Trabajo o su reglamento, presentó la respectiva denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, instancia que emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 064/2016-A de 25 de julio, la cual fue notificada a la parte empleadora el 7 de octubre de igual año, pero “hasta la fecha” dicha determinación no fue cumplida, constituyéndose en actos u omisiones ilegales e indebidas que restringieron sus derechos.