SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0924/2017-S2

Desde diciembre del año 2016, El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito del departamento de Cochabamba, en forma abusiva realizó trabajos (enmallado sin autorización) en los terrenos que son de propiedad de los sucesores de la familia Alcocer Guzmán, que son ocupados en labores agrícolas por sus personas con permiso de los sucesores.

A pesar de las cartas enviadas el 20 de diciembre de 2016, 1 de marzo, 19 de junio y 7 de julio de 2017, reclamando esta situación, mencionada entidad justificó su actuar señalando que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) le hubiera cedido en comodato dichos terrenos, en virtud a la Resolución Suprema (RS) 229105 de 25 de julio de 2008, “…a todas luces ilegal, ya que no se puede afectar dos veces a una misma propiedad y en todo caso incompleta, pues luego de “anular” los títulos ejecutoriales, N° 329838 y 329898 que suman 40.0000 hectáreas divididas en cuatro lotes, expresa que se “identifican” tierras fiscales a 7.5085 hectáreas, sin ningún plano y/o antecedente y menos aún subdivisión de lote con explicación de la porción afectada y por otra parte indica que “Se salvan los derechos de terceros beneficiarios”, es decir que se reconocen la titulación de los terrenos restantes” (sic).

No obstante, desde enero de 2017 empezaron a enmallar uno de los lotes que pertenece a los sucesores de la familia Alcocer Guzmán y lo continúan haciendo ante la oposición de los vecinos y los sucesores de los propietarios. Ocasionando varios daños como la rotura de la cañería de alimentación de agua, privándoles así de ese líquido vital para su subsistencia, salubridad e higiene, así como para sus labores agrícolas; dañaron con maquinaria pesada varias parcelas de cultivo, destruyeron cuatro construcciones donde guardaban sus herramientas y que les servían de refugio y albergue durante las jornadas agrícolas, les impidieron transitar y atender las parcelas que trabajan, generando además un daño irreparable al medio ambiente ya que la entidad demandada no cuenta con ficha ambiental, así como tampoco con derecho propietario.

Se tiene el antecedente que mediante “…la Sentencia Constitucional N° 554/2015-S2 de 26 de mayo donde el Tribunal Constitucional Plurinacional otorga tutela en contra de la Alcaldía de San Benito, el INRA y una Fiscal por haber destruido 88 viviendas de los vecinos de la comunidad de Paraíso sin ninguna orden judicial…” (sic), lo que demuestra que hace más de cinco años vienen soportando presiones y amenazas para que alejarles de la zona.