SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2017

De las prácticas tradicionales para la solución de los conflictos internos dentro de una comunidad y la aplicación de sus sistemas normativos internos, surge el pluralismo jurídico; así, la Constitución Política del Estado, a partir del reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, permite que los distintos sistemas jurídicos de estos pueblos y naciones integren el sistema jurídico del Estado; en efecto, el art. 30.II. 5 y 14 de la CPE, consolida el pluralismo jurídico y por lo tanto:: “…genera como efecto en el modelo de Estado, la consagración de un pluralismo de fuentes jurídicas, aspecto que implica la superación del Estado monista; en este orden, en mérito a este aspecto, se tiene que el orden jurídico imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia está conformado por dos elementos esenciales: a) La Constitución como primera fuente directa de derecho; y, b) Las normas y procedimientos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, también como fuente directa de derecho” (SCP 1227/2012 de 7 de septiembre) (las negrillas corresponden al texto original).

En el marco de lo señalado precedentemente, el art. 179.II de la CPE, señala que la “jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”, precepto constitucional que permite comprender que la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria gozan de la misma jerarquía, por lo que en virtud al principio de igualdad jerárquica, surge la prohibición de ejercer subordinación o sometimiento de la una respecto a otra, sino que, el espirito del Constituyente busca la coexistencia de estos sistemas jurídicos en igualdad de condiciones y jerarquías, cuyas decisiones se caracterizan por ser de de cumplimiento obligatorio y por gozar de la misma autoridad.

El ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que otras jurisdicciones, no tiene carácter ilimitado. Al respecto, la SCP 0300/2012 de 18 de junio, señaló que: “…la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), debiendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad”.