SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2017-S3

La parte accionante ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) La Dirección de Auditoría del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, mediante nota 241/2017, dio respuesta a su solicitud, manifestando que no es viable por cuanto, la auditoría que ejecutan se encuentra sujeta al procedimiento de aclaración, enmarcado en la normativa legal, y que surge como recomendación de la Contraloría General del Estado e instrucción del Ejecutivo Municipal, razón por la cual, la presente acción de defensa también se dirige contra el Alcalde del citado Gobierno Autónomo Municipal; y, 2) Lo que se pretende es realizar diferentes auditorías por cada hallazgo; es decir, ya existió una auditoría por la presunta responsabilidad penal, se quiere elaborar un informe distinto para determinar la responsabilidad civil, se hará otro para la responsabilidades administrativa y ejecutiva, generando una confusión total, cuando correspondía a la Contraloría General del Estado, efectuar un examen de auditoría el 2011, emitiendo distintos informes conforme señala el Reglamento de auditoría, con indicios de responsabilidad considerándose lo dispuesto en el art. 8 del referido Reglamento, ya que de identificarse más tipos de responsabilidades debió elaborarse informes individualizados e independientes, pretendiendo ahora hacerse un examen de auditoría para simular ese hecho.

En uso de la réplica señaló que el informe de auditoría menciona en dos párrafos “retiro de auditoría” en todo caso “…quien habla del Art. 257 es Auditoría Interna…” (sic), reiterando su reclamo de que no se lo puede juzgar dos veces por el mismo hecho, y que la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de sus descargos es para no dejar de responder a la carta de descargo, pese a la improcedencia de ese segundo procedimiento de auditoría.

Armin Javier Muñoz Arce, Director de Auditoría Interna, en audiencia refirió que: 1) No es cierto que se hizo retiro de la auditoría, puesto que no existía la norma para ello, habiendo el accionante utilizado argumentos para causar confusión; y, 2) No se pronunciaron sobre el delito penal, sino respecto al indicio de responsabilidad civil, emitiendo el informe correspondiente de forma oportuna, por cuanto no se vulneró el derecho al debido proceso, incluso se amplió el plazo a solicitud del accionante, por cuanto el trabajo que se cumple es en el marco de las normas precautelando los intereses del Estado.