SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0914/2017-S3

Ahora bien, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, en un amplio entendimiento acerca de la garantía a un proceso sin dilaciones, señaló: “En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados (…)”, significando que la garantía de la celeridad procesal que tiene el justiciable obliga a las autoridades judiciales a ejecutar los actuados procesales sin dilaciones indebidas conforme a las normas procesales penales establecidas, respetando los plazos en la realización y materialización de sus actuaciones, en procura de la celeridad y efectivizar materialmente sus actuaciones dentro de la causa.