SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2018-S3

          La doctrina constitucional contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, sostuvo: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.

          Bajo el contexto de la jurisprudencia glosada, se debe asumir el entendimiento de la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, la cual citando y asumiendo los razonamientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, estableció: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado’.

          Por lo tanto, cada decisión que tenga por objeto poner fin a una determinada controversia, debe cumplir con las exigencias de la debida motivación y fundamentación, con lo que se persigue cumplir los estándares de un Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, dentro de los parámetros de los principios democráticos” (las negrillas son nuestras).