SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2018-S3

El mandato constitucional es claro y evidente, porque reconoce a las personas con capacidades diferentes derechos y a ser protegidos, primero por su familia y segundo por el Estado, con la finalidad de evitar toda forma de discriminación, sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado por intermedio de sus diferentes reparticiones, obligando a garantizarle la efectiva materialización de sus derechos fundamentales a través de prestaciones y/o condiciones que le permitan el desarrollo eficaz en igualdad -art. 71 de la CPE-. Consecuentemente, las personas con capacidades diferentes gozan del derecho fundamental al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, subrayando que a cambio recibirán remuneración justa, asegurando para sí y su familia una vida digna, implicando la satisfacción de sus necesidades básicas, concordante con el art. 46.I y II de la Norma Suprema, donde se establece el derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración justa, equitativa y satisfactoria.