SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2018-S1
Fecha: 17-Dic-2018
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través de nota de 19 de septiembre de 2017, la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que como empresa estaban habilitados para realizar estudios y encuestas de opinión en materia electoral para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; enviándole al efecto el “…reglamento para estudios y encuestas de opinión en materia electoral con fines de difusión…” (sic), aprobado mediante Resolución TSE-RSP-340/2016 de 10 de agosto, a objeto de que se enmarquen en el mismo.
El 17 de noviembre de 2017, se notificó a la empresa con el Auto TSE-RSP 019/2017 de 1 de noviembre, a través del cual, de oficio se dispuso el inicio de un proceso por la supuesta infracción de los arts. 10 y 15 del Reglamento para la Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral en Procesos Electorales, Referendos y Revocatorias de Mandato, disponiendo a ese fin, para que en el plazo de dos días hábiles se responda y presente pruebas de descargo, haciendo notar que el aludido Auto, también ordenó el inicio de proceso contra el periódico Página Siete por la presunta infracción del art. 14 de la citada norma.
Junto a la notificación del Auto TSE-RSP 019/2017, se les hizo conocer fotocopias simples del informe TSE/DN-SIFDE 457/2017 de 6 de octubre, la misma que no fue de su conocimiento, hasta antes de la notificación con dicho Auto para realizar las aclaraciones correspondientes; siendo que el citado fallo también hizo mención al informe D.N.J. 612/2017 de 18 de igual mes, que de igual forma no fue de su conocimiento “hasta la fecha”, aspecto que le provocó indefensión.
Por ello, el 17 de noviembre de 2017, presentaron ante la Directora del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) una copia del estudio y base de datos “Encuesta Nacional Noviembre 2017” (sic), como muestra de que la empresa conoce la normativa en materia electoral y cumple con los requisitos para el desarrollo de dichas actividades; es decir, el cumplimiento de requisitos exigidos en el art. 15 del antes referido Reglamento, tal como lo cumplió en todos los procesos electorales incluido el de septiembre de igual año, siendo lo más relevante que el último caso y posteriores a este, no hubo observaciones por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
En ese contexto, en estricto cumplimiento al Auto TSE-RSP 019/2017, en plazo oportuno, -20 de diciembre de 2017-, presentaron ante el OEP, los descargos y pruebas correspondientes manifestando de forma expresa que la empresa al conocer la normativa electoral, no infringió los arts. 10 y 15 del Reglamento aludido en forma precedente, porque no especificaron a ninguna organización política y/o candidatura, tal como refiere el art. 5 de la norma reglamentaria citada; no correspondiendo la presentación de mayor documentación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- III.1. Respecto al valor de los informes técnicos y su impugnación en sede administrativa
- Los informes técnicos elaborados por las distintas instancias institucionales al interior de las entidades públicas, inicialmente no podrán considerase actos administrativos propiamente dichos, en razón a que no producen efectos jurídicos de manera inmediata, por cuanto únicamente sirven de sustento técnico para la toma de decisiones que se trasuntan en resoluciones administrativas o respuestas de carácter concluyente;
- En conclusión, sí son impugnables los informes técnicos que puedan vulnerar de manera directa algún derecho o principio, consecuentemente, una vez agotada la vía administrativa podrán ser impugnados en la esfera constitucional, por cuanto en los hechos son asimilables a los actos administrativos propiamente dichos, en razón a que en esencia no difieren de los mismos.
- En ese contexto, los mencionados informes, al ser un acto que no resuelve de manera definitiva la denuncia interpuesta, debe ser entendido que no puede ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional, mucho menos puede ser considerado como una resolución que puede ser objeto de apelación dentro del referido proceso interno
- es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido
- Toda entidad habilitada para realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión remitirá, de forma obligatoria y con carácter previo a su realización, al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), los criterios técnicos metodológicos definidos para el estudio (…)
- Artículo 1. (Objeto).
- Artículo 3. (Ámbito de aplicación).
- V. Los medios de comunicación, empresas especializadas, instituciones académicas y cualquier otra entidad habilitada para realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión remitirán de forma obligatoria, tres (3) días hábiles antes de su realización, al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) correspondiente, los criterios técnicos del estudio, que deben contemplar como mínimo, la siguiente información
- Artículo 15. (Obligaciones de las entidades que realicen estudios de opinión en materia electoral).
- Artículo 17. (Sanciones)
- c)
- La Resolución DSE-RSP-ADM 055/2017 de 1 de mayo, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, tiene por objeto establecer el monto de las multas y sanciones por faltas electorales cometidas por Jurados electorales, Notarias y Notarios electorales Servidoras o servidores públicos, Organizaciones políticas y particulares que regirán la gestión 2017.
- El punto cinco de la norma precitada señala sobre las faltas cometidas por particulares y multas aplicadas: “Las personas jurídicas públicas o privadas (empresas especializadas de opinión publica de medios de comunicación u organismos de observación electoral, nacional o internacional), que difundan estudios de opinión, para fines electorales, sin estar habilitados por los tribunales electorales competentes, o la realicen fuera del plazo o se incumplan otras disposiciones establecidas por la Ley de Régimen Electoral, serán sancionados con una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos vigente al momento de la comisión de la falta.
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso
- la motivación no implicará la
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso
- En este contexto, es preciso que toda sentencia haya sido razonablemente fundada en el sistema jurídico vigente, en aplicación de las reglas adecuadas a las circunstancias particulares del hecho sobre el que ha recaído el debate jurídico durante el curso del proceso y la valoración que se haya realizado por el juzgador al momento de impartir justicia, en base, se entiende, a la sana crítica fundada en el principio de igualdad procesal de las partes que materializa la imparcialidad del juzgador como elemento del debido proceso, pues, una cosa es el margen de interpretación y autonomía en el razonamiento del juzgador a tiempo de emitir sus providencias y sus fallos y, otra muy diferente la arbitrariedad en que pudiera incurrir al no hacer explícito el porqué de su resolución”
- ) La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido; 2) La necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios); y, 3) La proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin; es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes.
- el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna.
- Dicho de otro modo, la restricción o limitación en la que se traduce la medida legal a adoptarse por la autoridad competente, debe guardar una relación equilibrada y razonable con el fin perseguido.
- De lo anterior, se concluye que podrá operar la excepción a la subsidiariedad cuando la persona que acuda al amparo constitucional, haya reclamado, aún en forma extemporánea, en el proceso judicial o administrativo que se trate, una situación que vulnera flagrante e indubitablemente el principio de proporcionalidad, de manera que pueda concedérsele la tutela con el fin de alcanzar la justicia material
- la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta
- En la jurisdicción ordinaria o administrativa constituye un derecho la consideración de la prueba presentada para que en los marcos de razonabilidad y equidad se decida, por lo que, una omisión arbitraria de la prueba lesiona el derecho, principio y garantía del debido proceso.
- la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita…
- a) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (…) o b) Cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales…’
- i) Cuales son las pruebas que fueron valoradas por las autoridades demandadas, apartándose de los marcos legales de razonabilidad, equidad, y cuales no han sido valoradas; y, ii) En qué medida, incide en el resultado de la resolución final, y si ésta hubiera sido diferente si se hubiera compulsado razonablemente la prueba existente en el caso.
- Fragmento 47
- III.7.1 Análisis de la primera problemática
- III.7.2 Análisis de la segunda problemática
- CONFIRMAR en parte
- 2º DENEGAR