VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0836/2018-S2

…específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de una indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación (las negrillas son añadidas).

En el caso, los accionantes, señalan que su abogado defensor Walter Flores Santos, no ejerció defensa técnica a su favor ni les permitió asumir su defensa material, siendo que el mismo actuó en colusión con el Ministerio Público, pues les hizo firmar papeles y notificaciones en blanco y que en la audiencia cautelar no denunció que no se les entregó copias de la imputación y permitió que el fiscal de materia en su fundamentación oral lea la imputación.

Al respecto, la configuración del proceso penal boliviano estableció que la etapa investigativa, el respeto de los derechos y garantías de las partes será controlada por el juez de instrucción penal. En consecuencia, esa es la autoridad a quien previamente deben recurrir las partes para impugnar los actos, que consideren lesivos a sus derechos; no siendo posible acudir directamente o de manera paralela a la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar, garantía que podrá ser utilizada únicamente cuando esa autoridad no hubiera reparado las lesiones denunciadas, conforme lo señalaron los solicitantes de tutela, debieron realizar su reclamo ante el juez cautelar, para que éste determine lo que corresponda en resguardo del derecho a la defensa de los hoy solicitantes de tutela, no siendo la jurisdicción constitucional supletoria o alternativa de la ordinaria.