SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2018-S4

En cuanto a la multidimensionalidad de la igualdad como valor, principio, derecho y garantía, este Tribunal Constitucional Plurinacional, acudiendo a los entendimientos jurisprudenciales asumidos en anteriores fallos, concluyó: “La SCP 0080/2012 de 16 de abril, al concebir el derecho a la igualdad en su multidimensionalidad constitucional, determinó lo siguiente: ‘La arquitectura jurídica e institucional de un Estado de Derecho, se fundamenta en los valores elegidos como sociedad, tales como la igualdad y la no discriminación entre otros. La comunidad entiende que necesita proteger, reforzar y profundizar los valores, mismos que evolucionan permanentemente a la par de la mutación permanente de las circunstancias y retos, con los cuales el ser colectivo se va enfrentando. La igualdad, por tanto es un valor guía y eje del todo colectivo, que se halla reconocido en el art. 8.II de la CPE, cuando señala: ‘El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad...’.

La Constitución Política del Estado considera a la igualdad, no únicamente como un valor supremo, sino también como un principio motor de todo el aparato jurídico, siempre en procura del logro de un régimen de igualdad real, donde no se reconozcan privilegios y se erradique toda forma de discriminación, consolidando los rasgos e impronta de nuestro nuevo modelo de Estado. Carlos Bernal Pulido al referirse a la igualdad como un principio ha señalado: ‘este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos (...) como derecho la igualdad atribuye al individuo (el sujeto activo) el derecho de exigir del Estado o de los particulares (el sujeto pasivo) el cumplimiento de los mandatos que se derivan del principio de igualdad’. ‘El principio de igualdad (...), en su doble vertiente de igualdad de trato y de no discriminación, se proyecta, como ya tuvimos oportunidad de decir, sobre todos los poderes públicos, operando por ello mismo en dos planos distintos: igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley (...)’.

En la misma perspectiva, la SCP 0606/2012 de 20 de julio, reiterando el entendimiento jurisprudencial glosado, concluyó que: ‘(...) el derecho de igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma suposición y una diferente regulación respecto de los que muestran características distintas, conforme a las condiciones en medio de las cuales actúan; los cuales tienen su origen directa en el valor supremo del Estado, que es el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo Constitucional, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en el art. 8.I.II de la CPE” (SCP 1695/2012 de 1 de octubre).

Dentro de este contexto, en la especie, la parte accionante solicitó que se ingrese a la interpretación de la legalidad ordinaria; para ello y de forma previa a cualquier otra consideración, se debe verificar en primer término, si cumplió con los requisitos establecidos para que de forma extraordinaria el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda realizar tal interpretación; en el entendido, que la jurisprudencia constitucional establece que una acción tutelar no es un medio supletorio o una instancia casacional de la jurisdicción ordinaria; por lo que, no puede ser tomada como una instancia extraordinaria de impugnación, no obstante a ello, esta labor interpretativa puede ser dada de manera excepcional si se demuestra la razón por la que se sindica que la labor interpretativa impugnada no fue motivada y resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente.