SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2018-S3

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 471 a 475 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La sentencia de forma precisa y en acápites separados respondió con sustento legal y relativo a la materia impositiva todos los aspectos cuestionados y propuestos en la demanda, no encontrándose omisión alguna, extrañando incluso en forma específica como ejemplo la omisión de acreditar la retención de regalías mineras con el formulario oficial que habilita la consideración de elementos probatorios fehacientes incluyendo su plazo de presentación; ii) La Empresa Metalúrgica Vinto no estuvo presente a tiempo de formular sus reclamos sobre el servicio de transporte internacional que consigna las facturas correspondientes y se encuentran sujetos a tasa cero; iii) La empresa accionante no guardó observancia del art. 37 del DS 27310, al no proponer medios de prueba junto a su pretensión que tienen que ver al pago de gastos operación; iv) La Sentencia 88/2016 se encuentra plenamente fundamentada, motivada, comprensible para el administrado, con argumentos concisos y debidamente clarificados y sustentados, con conclusiones claras y precisas que no dan lugar a dudas o interpretaciones inadecuadas de su contenido y de su decisión; y, v) Si bien la   SCP 1099/2012 de 6 de septiembre, replantearía la conducta procesal relativa a la valoración de la prueba, se debe considerar el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y las atribuciones privativas de valoración probatoria de los órganos jurisdiccionales o administrativos, al no existir facultades de valoración de prueba en el tribunal que conozca una demanda contencioso administrativa, menos tratándose de elementos de prueba que no fueron valorados en las instancias anteriores.