SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2018-S4

El Juez Público de Familia Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 85 a 90 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:         a) La renuncia de la accionante a su fuente laboral, que hizo mediante escrito de 25 de abril de 2017, no constituye un despido intempestivo e injustificado, pues fue un acto voluntario y consentido por ella; b) Habiendo la impetrante de tutela presentado una carta al Gerente General de EMSA, el 23 de mayo del referido año, solicitando ser reincorporada a la Empresa, argumentando haber estado mal de salud y adjuntando certificados médicos para dicho fin, recibió respuesta el 30 del mismo mes y año, por la cual el Gerente General de EMSA, le hizo conocer que su renuncia fue aceptada el 26 de abril del señalado año y para efectos de cumplir con los aspectos legales, se efectuó la liquidación de sus beneficios sociales y la emisión del cheque 003705, para su pago correspondiente y que su solicitud de reincorporación no procedía por la existencia de una nota de renuncia al cargo firmada por ella y aceptada por la institución; c) En la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 137/2017, que ordena la reincorporación de la accionante a su fuente laboral, se menciona que la trabajadora se encontraba con baja médica del 21 al 31 de abril de 2017 y del 1 al 5 de mayo de igual año, por lo que en el tiempo de la presentación de la renuncia voluntaria de forma escrita, estaría viciada de nulidad en cuanto al consentimiento por encontrarse impedida de firmar, debido al tratamiento en psiquiatría, estando pendiente el estudio de amnesia lagunar, extremo que el Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, infirió del informe médico psiquiátrico, cuyo detalle realiza y que el empleador no demuestra el hecho de la aceptación de la renuncia realizada por la trabajadora de manera involuntaria encontrándose con baja médica y tratamiento de psiquiatría, que en uso de su derecho a la petición en la vía administrativa la accionante no recibió respuesta alguna, aplicándose el silencio administrativo negativo, ante cuyo hecho la trabajadora pidió su reincorporación a su fuente laboral una vez que se encontraba en condiciones de continuar desempeñando sus funciones laborales normales, al respecto el empleador se limitó a emitir una nota de aceptación sin hacerse presente, en audiencia de reincorporación pese a ser rechazada su solicitud de postergación de audiencia. El Tribunal de garantías, afirma que en la Conminatoria pronunciada por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 20 de julio de 2017, no se consideró que la hoy accionante en su denuncia argumentó que fue su esposo quien sin considerar su inconsciencia y contando con baja médica por ayudarle le habría hecho firmar una supuesta renuncia a su fuente laboral; así también en la denuncia realizada a dicha entidad el 1 de junio de ese año, existen hechos controvertidos que dilucidar, tal el hecho de establecer si la trabajadora al momento que firmó su carta de renuncia y la presentó a EMSA padecía de amnesia o no, extremo que sale del ámbito administrativo y también del ámbito constitucional, lo que debe ser dilucidado en la vía laboral ordinaria, razón por la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, sin considerar tales extremos se extralimitó en la Conminatoria. Asimismo, citó normas y jurisprudencia referida a un despido intempestivo e injustificado, siendo que el caso denunciado se refiriere a una renuncia voluntaria realizada por la trabajadora supuestamente en estado de inconsciencia, al parecer amnesia; consecuentemente, al existir hechos controvertidos dicha Conminatoria resulta inejecutable; d) Reitera que no existió un retiro ilegal, sino una renuncia voluntaria de la trabajadora que posteriormente solicitó su reincorporación, por lo que existen hechos controvertidos que no pueden ser determinados por la justicia constitucional de manera que no es correcto acudir a esa acción, cuando el ordenamiento jurídico prevé que es la jurisdicción ordinaria que en definitiva debe resolverlos; es decir, establecerá la veracidad o falsedad de la amnesia argumentada por la accionante, al momento de firmar y presentar su carta de renuncia a su fuente laboral, si la trabajadora fue o no fue obligada por el empleador a firmar tal renuncia y finalmente si fue conminada por dicha Empresa a presentar su carta de renuncia, cual asevera en su acción, por lo que no corresponde otorgar la tutela.