SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2018-S2

II.4.    El 28 de octubre de 2016, José Luis Yapobenda Malale, tercero interesado en la presente acción tutelar, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia detallada en la Conclusión anterior; señalando que se cometieron graves errores de hecho y de derecho, fijando en consecuencia como puntos de agravios, los siguientes: a) En la contestación a la demanda interpuesta contra su persona por parte del ahora accionante, habría adjuntado como pruebas para el rechazo de la misma, certificación alodial actualizada de su terreno; tradición específica en original; certificación catastral; pago de impuestos; plano de uso de suelo; testimonio de un proceso civil ejecutoriado ganado contra terceras personas en el que se dispuso desalojo de los terceros en posesión de sus terrenos; y, fotocopias de un proceso penal seguido en su contra por los dirigentes de la zona Buena Fe, actualmente en juicio oral sin sentencia de primera instancia; b) A más de las pruebas consignadas en el punto a), constarían declaraciones testificales “por parte del señor Mario Osco Quispe” (sic), en las que se manifestó al Juez a quo, “que si lo conocían a (su) persona José Luis Yapobenda Malale y que a la fecha sus dirigentes tenían un proceso que no estaba concluido en estrados judiciales contra (su) persona” (sic); prueba que el Juez tomó con ligereza, haciendo “oídos sordos”, sin valorar las declaraciones de los testigos de cargo del demandante, que conducían a concluir la aplicación del art. 12.II de la Ley 247; c) El art. 1 de la Ley referida, tiene por objeto normar la regularización del derecho propietario de personas naturales que tengan posesión continua, pacífica, pública y de buena fe de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicado dentro del radio urbano o área urbana; habiendo sido el ingreso del accionante a sus terrenos, de mala fe;          d) Conforme a principios y tratados internacionales, además de lo regulado en la Constitución Política del Estado, su derecho a la propiedad privada, debió ser protegido, considerando que habría demostrado el mismo, además de la existencia de juicios pendientes a los que el Juez de la causa no habría otorgado el valor correspondiente; e) La Sentencia cuestionada, habría sido dictada con falta de fundamentación y motivación, sin efectuar una revisión y verificación más exhaustiva y profunda de los medios probatorios adjuntos en el proceso, como ser las pruebas documentales, testificales y acta de inspección; f) De acuerdo al audio presentado de su parte se demostraría que el anterior Juez de la causa que fue recusado, tenía conversaciones con el abogado de la parte demandante y otros, a efectos que los procesos de regularización que presentaren, les sean favorables; aspectos que tampoco habían sido considerados; y, g) El Juez a quo, no fue un mediador conciliador, pese a que de su parte demostró su derecho propietario, provocando que el proceso continúe. Razones por las que, solicitó la revocatoria del fallo dictado, ordenando el pago de daños y perjuicios, además de costas procesales (fs. 208 a 210 vta.).