La suscrita Magistrada expresa Voto Aclaratorio en los arts. 39.III; 46 en la frase “de manera continua, por una sola vez” y 112 en su párrafo introductorio; de igual forma, expresa Voto Disidente respecto del art. 47.II, de la DCP 0061/2019 de 4 de
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

La suscrita Magistrada expresa Voto Aclaratorio en los arts. 39.III; 46 en la frase “de manera continua, por una sola vez” y 112 en su párrafo introductorio; de igual forma, expresa Voto Disidente respecto del art. 47.II, de la DCP 0061/2019 de 4 de

Fecha: 04-Sep-2018

III.2. En el caso del art. 46

III.2. En el caso del art. 46, la DCP 0061/2019 que es objeto del presente voto aclaratorio, siguiendo el razonamiento desarrollado en la DCP 0051/2019 de 24 de julio, declaró la incompatibilidad de la frase: “de manera continua, por una sola vez”, disposición que pretendía regular sobre la reelección de las autoridades electas municipales; decisión que la suscrita Magistrada comparte, empero, no así con los fundamentos expresados, toda vez que, solamente se cita al precedente constitucional desarrollado en la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre.

En ese marco, la suscrita Magistrada, considera que para declarar la incompatibilidad de la frase: “de manera continua, por una sola vez” del art. 46, además de regirse por el precedente constitucional de la citada SCP 0084/2017, correspondía realizar su análisis, partiendo del hecho que el nuevo orden constitucional surgido de una Asamblea Constituyente y aprobada por el soberano mediante un referendo popular, trajo consigo el reconocimiento del bloque de constitucionalidad conformado por los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene como consecuencia su aplicación directa por parte del Estado y su inclusión en la interpretación de acuerdo a lo establecido en los referidos tratados internacionales (art. 256.II de la CPE); en ese sentido, con dicho reconocimiento, se posiciona a los tratados, como normas de rango constitucional, lo cual implica su aplicación preferente cuando garanticen de mejor manera la vigencia de los derechos humanos que los establecidos en la propia Constitución Política del Estado; por ello, las autoridades que imparten justicia sea constitucional u ordinaria tienen el mandato imperativo de proteger los derechos fundamentales mediante un control de constitucionalidad y convencionalidad.

En el marco de los arts. 13.IV y 256 de la CPE, previstos por el constituyente, los derechos fundamentales que consagra el Texto Constitucional, deben ser interpretados conforme a lo dispuesto por los tratados internacionales que en materia de derechos humanos hayan sido ratificados por nuestro país; en ese orden y para el caso presente, en el cual se pretende regular que las autoridades municipales electas, puedan ser reelectas de manera continua por una sola vez, se tiene que la referida SCP 0084/2017, dispuso la aplicación preferente del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) “Pacto de San José de Costa Rica”, en relación a los arts. 156 y 168 en sus frases: “por una sola vez de manera continua”; y, las locuciones: “de manera continua por una sola vez” de los arts. 285.II y 288, todos de la CPE; de ello se extrae, que el parámetro de control constitucional debe partir desde el bloque de constitucionalidad, y ejercer uno convencional en razón a que las precitadas disposiciones constitucionales fueron objeto de un control convencional en el cual se dispuso sobre estas la aplicación preferente de una disposición internacional (CADH) más favorable, por lo cual no corresponde una contrastación con las mencionadas normas constitucionales.

En ese contexto, resulta importante precisar que la hermenéutica constitucional se constituye en un elemento primordial en la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional a momento de interpretar los derechos fundamentales, para lo cual se debe tener presente los criterios interpretativos que la normativa internacional en derechos humanos prevé, como el control de convencionalidad que emana de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual dispone que los jueces y autoridades de los Estados parte, deben efectuar una confrontación entre la norma general aplicable a un caso concreto y el bloque de constitucionalidad buscando una interpretación más amplia, extensiva y favorable que garantice el ejercicio pleno de los derechos.