SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2018-S1
Fecha: 11-Sep-2018
Fragmento 29
El Alcalde Municipal de la Santísima Trinidad del departamento de Beni, mediante Nota 81/15 de 13 de abril de 2015, en respuesta a la solicitud efectuada por Jacqueline Suárez Rodríguez el 30 de marzo de 2015, por el cual impetró se proceda a la cancelación de la expropiación realizada de los predios de Adrián Suárez Morales, respondió infiriendo el contenido íntegro de la Resolución Municipal 2/81, señalando además que la compensación ordenada fue efectuada mediante comprobante de pago 2355 de “…julio de 1981…”, quedando pendiente de cumplimiento únicamente la compensación con cuatro lotes de terreno sitos en la urbanización Presidente Bánzer; en ese sentido, se solicitó a la requirente pasar por la Dirección de Asesoría Legal a objeto de concretar y recoger las minutas de transferencia de los lotes de terreno cedidos en la Urbanización Presidente Banzer (actualmente Bertha II [Conclusión II.8]); por otra parte, respondiendo el memorial de 28 de noviembre de 2016, la autoridad hoy demandada, señaló textualmente que “…toda vez que mediante Nota de fecha 13 de abril, 09 de junio, 26 de Agosto y 03 de Noviembre del presente año, se hizo conocer a usted la respuesta oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad respecto al caso de expropiación de los predios del Cabildo Indigenal (…) ratificar la Carta Notariada de fecha 09 de junio, 26 de agosto, y 25 de noviembre del 2015 presente año, haciéndole conocer nuevamente que los cuatro (4) inmuebles urbanos pendientes de pago ubicados en la actual Urbanización Bertha II (ex Urbanización Presidente Bánzer) se encuentran disponibles por acuerdo arribado con la propietaria…se sugiere a ustedes apersonarse ante el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad para la actualización de las minutas de transferencia…” (sic [Conclusiones II.9 y II.12]); situación concordante con el Informe de Asesoría Legal 30/2018 de 9 de febrero de 2018 (fs. 325 y vta. del anexo).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10
- II.11.
- II.12
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en las distintas etapas de progresión de la jurisdicción constitucional boliviana, el debido proceso es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente en varias normas de nuestro texto constitucional, y contiene un alcance expansivo idóneo para resguardar los derechos fundamentales de las personas en contras de hechos y actuaciones contingentes que pretendan instaurar actos contrarios al orden constitucional, por medio de la actuación del Órgano Judicial así como de autoridades administrativas
- en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99
- El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda de un procedimiento que supere las grietas que otra lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- no son solamente las reglas procesales las protegidas por un debido proceso, sino que también la aplicación material y vivificación de los principios y valores constitucionales que informan a la función de impartir justicia ordinaria, agroambiental, constitucional e inclusive indígena originaria campesina; así, se protege también que cada resolución judicial, sea congruente con los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos; como a los de publicidad, transparencia, oralidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes;
- Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:
- i) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originados no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
- ii) Garantía jurisdiccional: Al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales, que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; por ejemplo, la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades, pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad
- III.2. Análisis del caso concreto
- $b45.475,07
- Fragmento 29
- III.3. Otras Consideraciones
- REVOCAR en todo