SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0675/2019-S3
Fecha: 04-Oct-2019
II.1.
II.1. Cursa iguala profesional de 16 de febrero de 2001, suscrita entre Juan Brun Guzmán por sí mismo y por su esposa Margarita Andrade Muñoz de Brun; y, los abogados Juan Carlos Lazcano Henry y Elfía Rivero Suárez, para que asuman defensa dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, nulidad de transferencia, cancelación de partida en Derechos Reales y rehabilitación, seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (entonces Alcaldía Municipal), estableciendo que: “El monto de los Honorarios Profesionales para el servicio anteriormente descrito, queda establecido en el porcentaje de treinta por ciento (30%) del monto obtenido que se aplicará a partir de la suma de trescientos mil dólares americanos…” (sic [fs. 145]).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- el monto de los Honorarios Profesionales para el servicio anteriormente descrito, queda establecido en el porcentaje del treinta por ciento (30%) del monto obtenido
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas
- Fragmento 18
- III.2. Análisis en el caso concreto
- 3)
- ii)
- iii)
- CONFIRMAR