SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2019- S2

Ahora bien, no sólo a partir de dicho entendimiento (que ha sido reiterado por la jurisprudencia y ratificado tras la promulgación de la Constitución Política del Estado en actual vigencia); sino a partir de la configuración misma de nuestro sistema acusatorio penal, aparece la figura del Juez de instrucción penal, como contralor del proceso en su fase investigativa, de forma que dicha autoridad judicial materialmente ejerce el rol revisor no sólo formal sino principalmente sustancial, de las actuaciones de investigación penal, que involucran derechos y garantías fundamentales de las personas sometidas a la acción penal del Estado; de allí que parte principal de sus tareas, es la de controlar la actividad estatal en lo que se refiere a la limitación, restricción o supresión de derechos y garantías fundamentales; toda vez que, a su vez se le ha encomendado el rol de precautelar por los derechos y garantías de las personas intervenidas punitivamente. Labor que sin lugar a dudas pretende dotar de legitimidad la persecución penal en tanto busca la salvaguarda de los derechos y libertades de la parte más vulnerable en la relación punitiva, haciendo de ellos verdaderos límites; ejerciendo un control material sobre el poder y convirtiéndose en garantía de las libertades. Función de suma importancia para el proceso penal.