SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2019-S4

Dentro el proceso ejecutivo instaurado por Amadeo Miranda Salcedo contra Vicente Gutiérrez Huanca y Matiasa Casas de Gutiérrez, fundando en un título de crédito extinguido por prescripción; se dictó Sentencia de subasta y remate, por la que el ejecutante logró adjudicarse un inmueble que estaba inscrito a nombre de los ejecutados, pero que no estaba en su poder desde el 20 de marzo de 1997, por haberlo vendido a su hijo Mario Sixto Gutiérrez Casas, quien poseyó el mismo a partir de la referida fecha, posesión que a su muerte, fue continuada por su persona como hija, en su condición de heredera forzosa ab instestato al amparo de los arts. 87, 92.I, 1007.I y II del Código Civil (CC); sin embargo, el Juez ahora demandado, en ejecución de la Sentencia emitida en el referido proceso, que adquirió calidad de cosa juzgada, únicamente contra las partes que intervinieron en dicha causa, pero no así contra su persona que nunca fue parte de dicho juicio, después de adjudicar el inmueble en cuestión al ejecutante, dispuso la entrega del mismo, previa notificación de los posibles ocupantes y poseedores, determinando que los mismos tenían diez días para deducir oposición desde su notificación con dicha determinación, bajo alternativa de expedirse el correspondiente mandamiento de desapoderamiento.

Ante dicha decisión, en su condición de poseedora del inmueble cuya entrega fue dispuesta, dedujo incidente de oposición al desapoderamiento, planteando además excepción de prescripción; razón por la que, en ejercicio de los derechos que invocó, correspondía al Juez de la causa esperar que la defensa ejercida a través de dichos actos fueran resueltas por resolución definitivamente ejecutoriada, puesto que, el bien adjudicado al ejecutante, corresponde a un derecho patrimonial de crédito respaldado por un título extinguido por la prescripción; por lo que, a partir de dicha oposición, la orden de desapoderamiento depende del resultado de dicho incidente y la excepción planteada, que por la Resolución 08/2019 de 2 de enero y su auto complementario, fueron rechazados; razón por la que su persona interpuso recurso de apelación, que fue concedida mediante Auto de 14 de mayo de 2019; fallos que también se encuentran legalmente impugnados por sus hermanos, quienes al igual que ella se constituyeron en herederos forzosos de su causante Mario Sixto Gutiérrez Casas; empero, por Auto de 14 de mayo de 2019, el Juez de la causa, dispuso por segunda vez se libre mandamiento de desapoderamiento con facultades de allanamiento y rotura de candados, cuando la Resolución que resolvió su incidente de oposición y la excepción de prescripción; por su recurso de apelación, no se encuentra ejecutoriada, razón por la que no procede alterar derechos de terceros entre tanto tal impugnación no sea resulta por Resolución que tenga calidad de cosa juzgada, debiendo aguardarse que el Tribunal de alzada resuelva la apelación planteada.

Incluso interpuso recurso de reposición contra el Auto de 14 de abril de 2019, que dispuso la emisión del mandamiento de desapoderamiento, que al ser rechazado resulta atentatorio contra su derecho a impugnar, no existiendo resolución debidamente ejecutoriada al respecto; en tal sentido, la determinación asumida por el Juez de la causa resulta manifiestamente ilegal y arbitraria , porque a sabiendas de que existen recursos pendientes de resolver, que compete a los Tribunales de segunda instancia, vulneró sus derechos y garantías, puesto que, no existe resolución que hubiese desestimado o rechazado su incidente de oposición y su excepción de prescripción; hecho que resulta lesivo al debido proceso y sub derecho a ser oído, pues no corresponde que se tramite un desapoderamiento sin que se haya resuelto su defensa, por lo que, debió aplicarse el principio pro homine para resolver tal aspecto.