SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0131/2019-S2

El Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 30 de agosto de 2018, cursante de fs. 64 a 65, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: a) Los solicitantes de tutela, al presentar su acción de amparo constitucional, no fundamentan de manera clara cómo fueron vulnerados sus derechos, pues, no existe la relación de causalidad con los hechos y la petición;      b) De los antecedentes de la causa, no se constata la vulneración al debido proceso; puesto que, el trámite se cumplió en base al Reglamento al Código de Seguridad Social -DS 5315-, que en el art. 616 dispone que en el término de tres días de la notificación del Auto de Solvendo, los ejecutados pueden pedir su revocatoria, planteando las excepciones o reclamaciones que puedan favorecerles; empero, para dicho recurso o cualquier otro, ordinario o extraordinario deben necesariamente depositar el importe total de la nota de cargo; c) Los accionantes al margen de interponer sus excepciones fuera de plazo de los tres días, no adjuntaron la constancia de haber depositado el monto fijado en la nota de cargo, ratificado en el Auto de Solvendo; d) La norma que exige el pago del monto de la nota de cargo no vulnera el derecho a la impugnación y acceso a la justicia, pues, se trata de una norma ordinaria de carácter social y las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el art. 48 de la CPE; y, e) La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la impugnación en los procesos judiciales en el art. 180; empero, se confronta con el derecho de los trabajadores a la aplicación obligatoria de las disposiciones sociales y laborales, en ese entendido es necesario hacer una ponderación de derecho, en el que obviamente prevalece el derecho de los trabajadores; por lo que, los demandantes de tutela debieron pagar el monto de la nota de cargo para poder ejercer su derecho a la impugnación y acceso a la justicia.