SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2019-S1
Fecha: 17-Abr-2019
i)
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a un proceso público, a la comunicación previa de la acusación, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a recurrir; a la defensa; y, a reunirse y asociarse para fines lícitos; toda vez que: i) En la Asamblea General de 16 de abril de 2017, el Tribunal de Honor –ahora demandado– de la Unión Artesanal de Trabajadores en Calzados les hizo conocer directamente la sanción impuesta en la parte dispositiva de su Dictamen, consistente en una multa económica y pérdida de sus beneficios como socios, sin que previamente les hubieran notificado con auto de enjuiciamiento, apertura de caso, carta acusatoria o cualquier documento que sea la base para procesarles y sancionarles, además que no se les permitió sacar fotocopias de la carta notariada de denuncia y no se les llamó a declarar ni a presentar pruebas de descargo; por lo que, no se les permitió ejercer su defensa en el proceso que se les instauró; y, ii) El Directorio de la entidad gremial señalada, encubrió y apoyó los actos ilegales del indicado Tribunal, puesto que, hicieron caso omiso de sus denuncias presentadas y no respondieron a los recursos de impugnación que interpusieron contra la decisión del Tribunal de Honor, además de rehusarse a recepcionar una de las impugnaciones planteadas y no proporcionarle fotocopia de la carta notariada de denuncia sobre la cual les sancionaron y de todo el proceso que se les siguió, situación que fue solicitada en dicha impugnación; sin embargo, no fueron atendidos ..
Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes descritos en las conclusiones del presente fallo constitucional, en lo principal se tiene que en Asamblea General de 15 de enero de 2017, ante el informe presentado por el Secretario General sobre la situación de los ahora accionantes, relacionado a una denuncia en su contra sobre el pago de una comisión de $us5 000.- por parte de uno de los inquilinos del inmueble de la Unión Artesanal de Trabajadores en Calzados, los Asambleístas pidieron sanción para estos con la retención de sus dividendos; por lo que, se conformó el Tribunal de Honor y se ministró posesión como integrantes del mismo a Félix Paz Loayza, Lidia Valda Larrea y Victoriano Alfaro Alavi; en consecuencia, los hoy impetrantes de tutela mediante memorial de 19 de igual mes y año impugnaron dicha decisión asumida por la referida Asamblea General.
Posteriormente, en la Asamblea General de 16 de abril de 2017, se dio a conocer a los hoy accionantes el Dictamen del Tribunal de Honor, a través del cual se les impuso una multa de $us8 000.- para Hernán Inca Quisbert y de $us5 000.- para Rosendo Serafín Loayza Cabrera, debiendo pagarse hasta el 31 de diciembre del año señalado, quedando suspendidos todos sus beneficios económicos como socios y copropietarios hasta la cancelación total de la sanción.
Consecuentemente, los hoy impetrantes de tutela mediante carta de 16 de abril de 2017 denunciaron ante el Secretario General de la Unión Artesanal de Trabajadores en Calzado –ahora demandado– difamaciones y calumnias en su contra porque no se hubieran presentado pruebas sobre las acusaciones realizadas por el inquilino Gary Conrrado; sin embargo, dicha nota no lleva sello de recepción.
Por su parte, Rosendo Serafín Loayza Cabrera habiendo sido notificado el 11 de octubre de 2017 a través de carta notariada, por la que se le hizo conocer el Informe Final y Dictamen emitido por el Tribunal de Honor; en ese entendido, mediante carta presentada el 13 de enero de 2018, dirigida a la Directiva de la Unión Artesanal de Trabajadores en Calzados, el prenombrado formuló impugnación sobre las sanciones impuestas por el mencionado Tribunal de Honor, la cual fue reiterada por carta de 12 de julio de igual año, bajo los mismos términos señalados en la impugnación de Hernán Inca Quisbert.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- concedió en parte
- II.1
- II.2.
- II.3
- II.4.
- II.5
- II.6
- II.7.
- II
- II.10.
- III.1. El derecho al debido proceso
- el debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- , se puede establecer el siguiente contenido de la garantía del debido proceso: a) Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; d) Derecho a un proceso público; e) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) Derecho a recurrir; g) Derecho a la legalidad de la prueba; h) Derecho a la igualdad procesal de las partes; i) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) Derecho a la congruencia entre acusación y condena; k) La garantía del non bis in idem; l) Derecho a la valoración razonable de la prueba; ll) Derecho a la comunicación previa de la acusación; m) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, o) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular'
- “El proceso sancionatorio, sea en el ámbito que fuere, necesariamente debe hallarse impregnado de todos los componentes que hacen al debido proceso, elementos que deben ser respetados en su contenido esencial,
- ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso,
- El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa
- una de la principales garantías del debido proceso es el derecho a la defensa que se materializa como la oportunidad otorgada constitucionalmente a toda persona, dentro del ámbito judicial o administrativo, a ser oída y hacer prevalecer sus razones en el proceso a través de sus propios argumentos, contraviniendo y objetando aquellos producidos por la parte contraria, solicitando de ser necesario la producción de pruebas y evaluaciones que considere pertinentes, así como activar todos los recursos que la ley le otorga
- cuando un sujeto procesal no está de acuerdo con un acto o una decisión proferida por la autoridad competente, tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que la decisión o el acto lesivo se revoque o modifique; es decir, tiene la facultad de impugnar
- la impugnación se la concibe como un mecanismo procesal que faculta al justiciable a refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores con la finalidad de que éstos efectúen un nuevo análisis de la decisión judicial cuestionada
- Al derecho a hacer uso de los recursos
- ‘En el fondo, su esencia y naturaleza radica en el hecho de revisar la determinación judicial por ser vulneratoria de los derechos que les asisten a las partes en contienda y, sólo así es posible garantizar una justicia imparcial; por cuanto, las decisiones del inferior estarán
- el derecho de impugnación fue reflejado en la jurisprudencia constitucional ligándolo al derecho a la doble instancia, es decir, que el derecho a la impugnación no podría hacerse efectivo si no existe una autoridad jerárquicamente superior que revise los actos de una inferior
- Fragmento 28
- El art. 129.II de la CPE
- Conforme a dicha normativa constitucional, se concluye que el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, debe ser a partir de la comisión de los actos denunciados, o desde la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía, considerando que éste es el último actuado idóneo que supuestamente lesiona los derechos alegados.
- principio de inmediatez
- razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de «preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección
- i)
- III.6.1. Primera problemática
- Fragmento 35
- III.6.2. Segunda problemática
- impugnar
- Fragmento 38
- Fragmento 39
- 1º CONCEDER en parte
- 2º