SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2019-S2

La contextualización de línea jurisprudencial realizada en la                 SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, se refirió tanto a la motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, como la valoración de la prueba en sede constitucional; ante el primer elemento expresó: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la       SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: ‘…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En ese marco, la SCP 1215/2012^[15] de 6 de septiembre, resumió los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otra parte, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la SCP 1215/2012 señaló que dicha competencia -Fundamento Jurídico III.3.2- “…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales, en consecuencia debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

1) El Tribunal de alzada señala que todas las pruebas fueron presentadas junto con la acusación; sin embargo, las pruebas materiales no fueron judicializadas para su reconocimiento, para que se pueda corroborar lo descrito en los informes o lo expuesto por los testigos, que al introducir por su lectura la prueba material, en infracción de los principios de inmediación y contradicción para luego valorar prueba no producida conforme establece el Código de Procedimiento Penal;

Por otro lado, el accionante alega que con la emisión del Auto Supremo 861/2017-RRC se vulneró su derecho de acceso a la justicia; al respecto, cabe mencionar que conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es esencialmente el derecho de acceso libre a la jurisdicción o a la de justicia, que contiene tres elementos: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción;           2) Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto; y, 3) Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada; en el caso que se analiza, la parte accionante dentro del proceso penal en cuestión que le sigue el Ministerio Público, una vez pronunciada la Sentencia condenatoria en primera instancia, acudió al mismo Órgano Judicial para interponer los recursos que la ley le franquea, como ser la apelación restringida y el recurso de casación, mismas que merecieron las resoluciones que corresponde, siendo el ultimo el Auto Supremo ya mencionado, el cual fue denunciado como vulnerador; y analizado el mismo, se evidencia que se encuentra debidamente fundamentado y motivado, es decir, que al tener acceso a la jurisdicción pertinente y obtener un fallo que se halla sólido y firme, ejerció plenamente su derecho de acceso a la justicia; por lo tanto, no se evidencia la lesión al mismo.   

Por otra parte, con relación a los Magistrados demandados Edwin Aguayo Arando y Olvis Eguez Oliva, actuales miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, si bien no pronunciaron el Auto Supremo 861/2017-RRC, hoy cuestionado en la acción de defensa, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional tienen legitimación pasiva para ser demandados, porque son llamados para emitir un nuevo Auto Supremo que repare o corrija las supuestas vulneraciones ocasionadas por el aludido fallo; sin embargo, sólo les alcanzarían las responsabilidades institucionales, más no las personales, si las hubiera; empero, al no haberse evidenciado ninguna lesión a derechos o garantías constitucionales con la emisión de la referida Resolución de última instancia, también corresponde denegar la tutela contra los mismos.

Finalmente, con relación a las demás autoridades jurisdiccionales -Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, ex Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Andrés Ademar Rueda Esquivel, Julio Nelson Alba Flores y Susana Zabala Dávila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mencionado departamento-, también demandadas, la Resolución del Tribunal de cierre, tiene la posibilidad de modificar o confirmar el Auto de Vista 08, corrigiendo las supuestas vulneraciones a derechos y garantías denunciadas, por lo tanto, corresponde denegar la tutela impetrada contra dichas autoridades.