SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2019-S1

La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento del Beni, mediante Resolución 04/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 304 a 307, denegó la tutela solicitada argumentando que: 1) La facultad de valoración de las pruebas aportadas en el proceso disciplinario que dio origen a la acción de amparo constitucional, es atribución exclusiva de las autoridades administrativas, no pudiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional asumir dicha potestad, excepto cuando: i) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, ii) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos y garantías fundamentales; y, 2) La accionante solicitó la anulación de todo el proceso disciplinario en su contra; toda vez que, no se valoró la prueba ofrecida, la que fue desestimada por el Juez de primera instancia; sin embargo, no se evidencia cuáles fueron las infracciones que ocasionó el Tribunal de apelación disciplinario, limitándose, a establecer una relación de hechos, pruebas y procedimiento que ya fueron valorados por el Juez disciplinario, no constituyendo el Tribunal de garantías otra instancia más, quedando claro que no se cumplió con las exigencias previstas por el Código Procesal Constitucional.