SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2019-S2

La jurisdicción constitucional de manera reiterada, se manifestó sobre la imposibilidad de emitir nuevo pronunciamiento sobre algo que ya fue resuelto y reparado por la jurisdicción ordinaria. Entendimiento jurisprudencial que fue desarrollado en la SC 0638/2006-R de 4 de julio, en el Fundamento Jurídico III.2, expresó el siguiente entendimiento:

… los actos en los que incurrieron las autoridades recurridas a tiempo de ordenar la aprehensión del recurrente, invocados en este recurso, como lesivos a sus derechos no pueden ser objeto de un nuevo análisis, en razón, de que conforme se tiene referido, el Juez Cautelar, ejerciendo su facultad de contralor de las garantías constitucionales en la etapa preparatoria, se pronunció sobre la aprehensión de la que fue objeto el representado del recurrente determinando su ilegalidad; con el advertido de que, un entendimiento en contrario, provocaría una innecesaria duplicidad de fallos sobre un mismo asunto, generando disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, al haber el recurrente activado simultáneamente la jurisdicción ordinaria y la constitucional, desconociendo que la jurisdicción constitucional se activa a través del recurso de hábeas corpus una vez que se agotan los medios, oportunos y eficaces previstos por ley para la reparación del acto considerado de ilegal y, sólo cuando el mismo no ha sido reparado por las autoridades judiciales competentes.

… estando establecido que el control de la legalidad formal y material de la aprehensión corresponde al juez cautelar, la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que el control que efectúa la autoridad judicial sólo puede ser revisado en esta jurisdicción cuando las ilegalidades cometidas en la aprehensión no fueron observadas ni reparadas por las autoridades judiciales competentes, un razonamiento contrario implicaría generar una innecesaria duplicidad de fallos cuando las supuestas lesiones ya fueron reparadas por las instancias competentes

Asimismo, la SC 1214/2011-R de 13 de septiembre^[3], reiterada en la              SCP 0822/2013-L de 9 de agosto, señala que cuando las autoridades de la jurisdicción ordinaria penal, cumplieron con la finalidad de la acción de libertad, ya sea ordenando que cese la persecución, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, es innecesaria la activación posterior de la justicia constitucional, puesto que de lo contrario, estaría permitiéndose al impetrante de tutela, utilizar dos medios -ordinario y constitucional- para la tutela de su derecho a la libertad, lo que evidentemente, no es permitido por nuestro sistema constitucional.

En suma, al ejercer el juez de instrucción penal, el control de los derechos y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, debe pronunciarse sobre la vulneración de los mismos, a través de actos denunciados ante su autoridad, que comprende el control de la legalidad de la aprehensión a efecto de disponer su reparación, en caso de que no se hubiera observado con las exigencias formales y materiales para su procedencia; en tal supuesto; vale decir, de haber restablecido o restituido la lesión a su derecho a la libertad, no corresponde a esta jurisdicción constitucional emitir un nuevo pronunciamiento; puesto que de ello, resultaría una duplicidad innecesaria de fallos sobre el mismo asunto.