SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2019-S1

II.3.  Por memorial presentado el 4 de octubre de 2018, el impetrante de tutela observó la liquidación de asistencia familiar; además que, adujó el cumplimiento de dicha obligación con la compra de un certificado de aportación o acción en la Cooperativa Minera Perlas del Illampu a favor de su hija empero registrada a nombre de Cristina Pérez Ramos, conforme los recibos de ingresos y depósitos bancarios adjuntos que se encuentran a nombre de la beneficiaria; es más, le hizo entrega de $us3 000.- (tres mil dólares estadunidenses) en la gestión 2011, agregando también, que el médico pediatra realizó una valoración física de la menor detectando serios indicios de anemia por mala alimentación; motivo por el cual, compró todos los medicamentos prescritos en la receta denunciando además que la madre maliciosamente no le permite ejercer el régimen de visitas. Asimismo, el peticionante de tutela solicita diversas órdenes judiciales a fin de demostrar a la autoridad demandada “…la clase de persona que es su madre” (sic) como a los Secretarios Generales de las Comunidades Subcentral Ancoma  y Okora de la Provincia de Larecaja; Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) de La Paz; Directores de las Unidades Educativas Okara y Hernando Siles Reyes, a la Unidad Niño, Niña y Adolescente y al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) dependientes del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, escrito que mereció la providencia de 5 de octubre de 2018, que corrió en traslado su oposición y ordenó que se oficie a las instituciones señaladas dichas peticiones a los fines que impetra, previas las formalidades de ley (fs. 26 a 28).