VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0287/2019-S2

Consecuentemente, este derecho reconocido constitucionalmente, conlleva que la persona involucrada en un proceso sea jurisdiccional o administrativo disciplinario o sancionatorio, sea tratado desde el inicio del mismo y hasta la finalización, incluyendo si corresponde en la etapa de ejecución de la pena, como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido del concepto, que sin agotar su alcance implica la posibilidad de que ejerza aquellas facultades por las que pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con relación a otros justiciables; es decir, comprende también los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, a contar con un tiempo razonable para preparar la defensa, a la comunicación privada con su defensor, a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o no nombre un abogado particular, a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas, a no declarar contra sí mismo y/o sus parientes, a contar con traductor o intérprete.