ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0539/2019-S2

El accionante a través de su abogado, ratificó en toda su extensión los fundamentos de su demanda tutelar, añadiendo los siguientes términos: a) La presente acción de defensa se interpuso dentro de los seis meses, además, en materia recursiva se tiene el recurso de reposición, de apelación, de casación, de compulsa y revisión extraordinaria de sentencia, la aclaración, complementación y enmienda no está establecida como un recurso en nuestra economía procesal civil; por lo que, es un error afirmar que previamente debió agotarse esta vía con la aclaración, complementación y enmienda; puesto que, no permite revisar el fondo de la cuestión resuelta, además, al haberse emitido el Auto que resolvió el incidente de nulidad, no existe posibilidad de presentar el recurso de casación, siendo la acción de amparo constitucional la única vía de impugnación; por consiguiente, queda agotada la vía recursiva y cumplida la subsidiariedad; y, b) Los argumentos relativos a los incidentes de la presunta notificación y a la falta del cumplimiento de la finalidad de notificación fueron expuestos en el incidente de nulidad, adjunto de la documentación, no fueron valorados, emitiéndose un Auto que concluye que las formalidades se cumplieron y por tanto no hay nulidad de notificación, restringiéndole hacer uso del recurso que le franquea la ley, en un proceso en el que no le permiten a la Administración Tributaria, “…cobrar más de treinta y un millones de bolivianos…” (sic).   

           En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre^[17], resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

           En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

[21] En la SC 0731/2010-R, en el FJ III.3, se señala: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no esta expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”).