SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2019-S3
Fecha: 19-Jul-2019
concedió
La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del departamento del Beni, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 2/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 1062 a 1070 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, pronuncie nueva resolución y sea de acuerdo con la doctrina legal establecida, en base a los siguientes fundamentos: 1) Se advierte el transcurso del tiempo que excede el término previsto por el art. 29 inc. 2) del CPP, aun considerando el período máximo establecido en el inc. 1) del mencionado precepto legal; 2) El art. 34 de dicha Norma dispone que tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en instrumentos internacionales, norma que tiene relación directa con el art. 410.II de la CPE, que establece la primacía constitucional frente a cualquier disposición legal; reconoce también el bloque de constitucionalidad integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las formas de derecho comunitario ratificados por el país; 3) La prescripción de la acción penal, corre y opera en relación a cada delito aún cuando exista concurso real; de ahí deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que este sea independiente para cada hecho criminal en tanto también así lo sean ellos. El ordenamiento procesal constitucional, toma en cuenta que ambos delitos supuestamente imputados de manera provisional, tienen igual jerarquía penal sancionatoria; 4) El órgano jurisdiccional encargado de impartir justicia, tiene la delicada responsabilidad de disponer el desarrollo de actos procesales, observando y aplicando el procedimiento previsto en la ley, con la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como es el de inocencia y ser juzgado en un plazo razonable, siendo su fin único materializar una justica pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas; y, 5) Respecto a los delitos de estafa y estelionato, provisionalmente imputados por el Ministerio Público, se incurriría en vulneración del principio de legalidad al pretender aplicar el concurso real, cuando ese aspecto depende de la comprobación de la participación y autoría de los ahora accionantes, tomando en cuenta que el 10 de abril de 2018, recién se activó la acción penal, es decir, transcurridos más de seis años y sobrepasando el término de la prescripción de dichos ilícitos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concedió
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Marco normativo constitucional y legal
- no obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’
- Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial
- resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución
- Fragmento 14
- El principio de ‘plazo razonable’ al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”
- la Constitución Política del Estado en el art. 115, prescribe la obligación del Estado de garantizar el derecho a la justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones
- la prescripción de la acción penal se configura como una causa para extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo; constituyendo un límite al poder sancionador del Estado, por no haber activado los mecanismos para la persecución del ilícito penal, dentro de los límites temporales previstos por el ordenamiento jurídico procesal penal
- el inicio de la acción penal no interrumpe el término de la prescripción, el mismo que sigue corriendo en el desarrollo del proceso y, por tanto, es posible declarar la extinción de la acción penal por prescripción, aún el proceso se encuentre en casación si es que en ese momento procesal se cumplieron los plazos previstos en el art. 29 del CPP
- El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, como se analizará posteriormente, y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP
- se puede establecer que la estafa es un delito instantáneo, pues se consuma en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el acto de disposición patrimonial, sin que su consumación se prolongue en el tiempo. Lo mismo sucede con el delito de estelionato, que se consuma en el momento en el que el sujeto activo vende o grava como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados, o cuando vende, grava o arrienda, como propios los bienes ajenos
- debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada
- III.6. Análisis del caso concreto
- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable
- y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable
- debido proceso
- La prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores
- el imputado no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades estatales. No se puede atribuir al imputado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración de justicia
- Fragmento 29
- CONFIRMAR