SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0580/2019-S4

Dicho entendimiento nace del art. 8.1. del precitado instrumento Interamericano, que a la letra señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (las negrillas nos corresponden), de lo que se desprenden los principales componentes del derecho al debido proceso: a) Derecho a ser oído; b) Derecho un Tribunal independiente, imparcial y competente; c) Derecho a ser Juzgado en un plazo razonable y d) Derecho a una resolución debidamente motivada y fundamentada.

En relación al componente derecho a ser juzgado en un plazo razonable en solicitudes de cesación a la detención preventiva la jurisprudencia de este Tribunal, asumió el siguiente entendimiento: “(…) dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda”. Por consiguiente, cuando se compruebe la pasividad de las autoridades jurisdiccionales, en efectivizar el principio de celeridad, en procedimientos vinculados a la restricción del derecho a la libertad, se vulnera el derecho al debido proceso (SC 0384/2011-R de 7 de abril).

En cuanto al principio de celeridad en la administración de justicia vinculado al derecho a la libertad, este Tribunal razonó del siguiente modo: “Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias; resultando lógico que las personas que intervienen en un proceso, esperen la pronta definición de su situación y de las peticiones que efectúan en el curso del proceso en virtud y ejercicio de su derecho a la defensa. Encontrándose regulado también este principio constitucional en diversos instrumentos internacionales, entre otros, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art. 14.3 inc. c)], los que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (SCP 0139/2012 de 4 de mayo).

En la puntualización del procedimiento penal, vinculado a la restricción del derecho a la libertad, la aplicación del principio de celeridad se debe ejecutar con mayor rigurosidad, así lo ha asumido la SC 0224/2004 de 16 de febrero: “(…) debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.”