SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2019-S1
Fecha: 30-Jul-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El “3” de marzo de 2017, se notificó a Flora Poma Jurado, Nimia Aranibar Hidalgo y David Gonzales Mariscal con las notas CITE CARR. ENF. 180/17, 181/17 y 179/17 de 31 de marzo de citado año respectivamente, en las que se señala que estarían observados por el Congreso Minero y la Dirección General de Formación Político Sindical (FPS), ratificando nuevamente que no pueden ser Docentes Concejales, titulares o suplentes hasta que aclaren su situación en el XXXII Congreso Nacional Minero de la FSTMB.
El 4 de marzo del mismo año se llevó a cabo el Consejo de Carrera, en el cual y a merced a la nota supra referida, no les dejaron participar en dicho Consejo llamando lista sin tomarles en cuenta, ante lo cual hicieron el reclamo respectivo, recibiendo como respuesta que dicho reclamo sea ante la FSTMB, coartando sus derechos de docentes.
El 3 de abril de igual año, se vuelven a conculcar sus derechos al intentar instalar el Consejo de Carrera de la Carrera de Enfermería, con una lista en la cual sus nombres no figuraban para formar parte del Consejo de la Carrera de Enfermería suspendiendo el mismo y amenazando que su situación iría a Asamblea en la Carrera para determinar su no participación.
De igual forma, el 26 de abril de citado año se instaló el Consejo de la Carrera de Odontología y en el momento en que la docente Durby Patricia Sevilla Vega fue nominada para asumir un cargo de investigación, el representante de la Dirección FPS tomó la palabra y refirió que la misma se encontraba observada por el Congreso Minero, y que no podía ser representante por no contar con la confianza del FPS. Por otra parte, refirió que habían más docentes observados, momento en el cual se procedió a indagar hasta obtener los documentos de la FSTMB, donde pudieron advertir que existe una lista de varios docentes nominados.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- veto a todos los autores de los hechos vandálicos de la quema de ánforas y pisoteo del guarda tojo en el claustro universitario del mes de mayo de 2015…
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
- improcedente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada
- el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, debe ser a partir de la comisión de los actos denunciados
- el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto
- al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución
- ese plazo se suspende con la interposición de un recurso de amparo constitucional cuya resolución no ingresó al fondo, reiniciándose desde la notificación con la resolución o sentencia constitucional emitida, correspondiendo la continuación del cómputo del plazo teniendo en cuenta el transcurrido entre el momento de su inicio y la interposición del recurso, lo que implica que el recurrente podrá ejercer nuevamente la acción tutelar dentro del plazo que quede.
- en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo
- III.3.
- computable a partir de la comisión de la vulneración alegada
- III.3. Otras consideraciones
- CONFIRMAR