ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0666/2019-S2

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron en toda su extensión los fundamentos de la acción presentada, agregando: 1) En el marco de la posesión ejercida, tienen recibos del consumo de energía eléctrica, pagos de tributo hasta la gestión 2017, placas fotográficas que permiten advertir el muro perimetral, la vivienda construidas por los accionantes, por lo que la Ley 13/2016 que tiene fundamento normativo en disposiciones legales derogadas, constituyen un abuso de autoridad, destinado al despojo de su inmueble; 2) Las acciones asumidas por el demandado, el 6 de octubre de 2018, de ninguna manera quedan justificadas en el derecho propietario, debieron acudir ante una autoridad judicial civil y reclamar su ejercicio y no proceder mediante el despojo a los solicitante de tutela; 3) Respecto a la solicitud de nulidad de la indicada Ley Municipal 13/2016, la retiran puesto que corresponde interponer otra acción de control normativo al respecto.  

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.