SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2019-S2

Oscar Choque Flores y Fátima Roxana Cordero Urzagaste de Choque, citados en calidad de terceros interesados en la presente acción tutelar, manifestaron en audiencia a través de su abogado (fs. 615 vta. a 616 vta.), que: 1) El 19 de octubre de 2017, se realizó la audiencia complementaria dentro del proceso de nulidad que instauraron contra los ahora accionantes, oportunidad en la que la Jueza de la causa dictó Sentencia declarando probada su demanda;                  2) Incurrieron en error al solicitar la ejecutoria del fallo de primera instancia al contar el feriado del 2 de noviembre de ese año; empero, en forma posterior pidieron la ejecutoria en virtud al art. 216 del CPC, dándose por notificados en la audiencia; 3) La parte impetrante de tutela formuló recurso de apelación el 9 de noviembre de 2017, de manera extemporánea pretendiendo suplir su negligencia con el recurso de compulsa resuelto por los Vocales codemandados a través del Auto 04/18, por el que fue declarado ilegal, realizando los nombrados una correcta valoración de las pruebas y aplicación del precitado art. 216 del CPC; y,             4) La Jueza demandada indicó en la audiencia complementaria que en el plazo de tres días se “entregaría” la Sentencia “escrita”; por lo que el plazo “estaba corriendo como lo prescrito en el artículo 216” (sic) considerando que si bien no se notificó “pero sí estuvieron presentes” las partes en audiencia.

           Sobre el particular, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo referencia a diversos fallos constitucionales anteriores, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la          SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

           A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;                            ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado son nuestros).